La orden fue dispuesta por el juez de Instrucción 2, Daniel Cesari Hernández, a requerimiento del fiscal Mayor, Guillermo Quadrini, quien resolvió impulsar una instrucción penal, en base a los antecedentes que ganaron luz pública la semana pasada.

La medida judicial se llevó adelante el día miércoles por la tarde en un contexto de total hermetismo, una vez que los pasillos de los tribunales quedaron desiertos. Tras el allanamiento en el Juzgado de Instrucción N°1, se secuestró documentación y equipos informáticos de interés para la causa donde el magistrado, el juez Raúl Nadim Sahade está sospechado de cobrar por sentencias y de facilitar escritos a una abogada que tramitaba una causa en ese Tribunal.

Además del secuestro de los elementos de pruebas solicitados por el Fiscal, el juez Cesari Hernández ordenó que el juez Raúl Nadim Sahade sea notificado de Derechos y Garantías, de modo que quedó imputado en la instrucción de la causa.

El caso contra Sahade surgió a partir de lo decidido por los jueces Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino; integrantes de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones quienes dictaron una resolución en la que decidieron remitir copias certificadas de un expediente penal, ante las sospechas que recaen sobre el juez Sahade.

Dichas sospechas sobre el accionar del Juez de Instrucción surgen a partir de una causa donde se investiga a una abogada de Río Grande, María Angélica Naveas Lagos, por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, que fue condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un incidente de tránsito.

La vivienda de la abogada fue allanada en diciembre del año pasado, ocasión en que se procedió al secuestro de su teléfono celular, sobre el cual se dispuso una pericia y de allí surgió que la abogada (acusada en la causa) no solo mantenía contacto con su cliente, sino que, además, intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade.

“Las comunicaciones allí plasmadas darían cuenta de presuntas conductas que al menos podrían resultar contrapuestas con la ética de un magistrado de este Poder Judicial, corresponde disponer la extracción de copias certificadas de los autos principales y remitirlas a conocimiento del señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, mediante oficio de estilo”, indica el escrito de los camaristas que fue el origen de la causa penal contra Sahade.