La Cámara Federal de Casación rechazó el recurso de familiares de víctimas del ARA San Juan para que la Corte revisara los sobreseimientos de todos los acusados por espionaje ilegal cuando reclamaban justicia por los 44 marineros muertos.

Por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky argumentaron que las querellas “no han cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal establecidos por la Corte Suprema”, es decir una cuestión formal por la que resolvieron “declarar inadmisibles los remedios intentados”.

A fines de noviembre de 2023, el tribunal había confirmado el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri y los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Todos estaban acusados por tareas de seguimiento e infiltración entre los familiares que reclamaban respuestas por la tragedia que causó la muerte de 44 marineros.

Macri había sido procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, pero la causa luego pasó a Comodoro Py y allí la Cámara Federal consideró que no había tareas de espionaje sino de seguridad para el entonces presidente en sus viajes y desplazamientos.

“Queda descartado cualquier tipo de ‘secretismo’ entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios considerados ilegales”, dijeron entonces los jueces Yacobucci y Borinsky.

Las querellas, a cargo de los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapietra (este último padre de uno de los marinos muertos) presentaron un recurso para llegar a la Corte.

En el caso de Tagliapietra, el tribunal desestimó el planteo por haberlo presentado fuera de los plazos legales; en el de la otra querella –en la que también intervino el ex juez Mariano Bergés- sostuvieron que “no lograron caracterizar la arbitrariedad invocada, ni la existencia de cuestión federal suficiente que autorice la habilitación de la vía extraordinaria”.

“Sus argumentaciones sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta “, añadieron.

La misma suerte corrió el planteo formulado por la organización defensora de los derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había pedido la reapertura de la causa en su calidad de “amicus curiae” (amigo del tribunal).

La tercera jueza del tribunal, Ángela Ledesma, se había inclinado por conceder el recurso para que la causa llegar a la Corte.

En la anterior oportunidad, también en soledad, la jueza Ledesma se había inclinado por continuar con la investigación sobre el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas cuando reclamaban justicia.

Para los jueces que votaron en mayoría, “la información recogida (por los agentes de inteligencia) se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron”.

“El hecho de que desde la agencia se haya realizado durante un cierto y limitado período de tiempo un relevamiento superficial de información respecto de aquellas personas afectadas por la incertidumbre y la carencia de las respuestas que esperaban, no permite seguir de ello que se haya ingresado, de manera ilegítima e inconstitucional, en el ámbito de autodeterminación o reserva”, añadieron.