La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó en las últimas horas el procesamiento de un funcionario del gobierno de Tierra del Fuego acusado de integrar una banda de narcotraficantes que operaba en la ciudad de Río Grande. El defensor oficial del imputado Gustavo Gabriel Caro, el Dr Francisco Ibarra se refirió al cambio de figura procesal que se había adjudicado en un primer momento por la Justicia Federal.

El 22 de julio pasado, Caro fue procesado por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto, quien le adjudicó el delito de \"transporte de sustancias estupefacientes con fines de comercialización\".

El Dr. Francisco Ibarra, abogado representante del funcionario Gustavo Caro, quien se desempeñaba como subsecretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno fueguino, habló sobre los avances de la causa en Fm del Pueblo.

“En el momento del dictado de la sentencia de la jueza federal de instrucción, en primera instancia, la doctora dispone el procesamiento de Caro por el delito de falsificación de instrumento público. Cuando formulamos la defensa, al interponer los recursos de apelación, me opuse a esa calificación y a su vez planteé que la justicia federal respecto a ese hecho resultaba incompetente”, manifestó Ibarra.

En ese último aspecto, añadió “la cámara de apelación recepta esta postura y en consecuencia, revoca el procesamiento dispuesto y declara la incompetencia del juzgado federal respecto de este hecho. La cámara de apelaciones dice que quien es competente en esta materia, es la justicia provincial”.

El otro elemento sumamente importante se encuentra por la condición de funcionario, “es que el juzgado federal dispone el procesamiento de Caro por el delito de transporte de sustancia estupefaciente, utilizando para esto un elemento del Estado como es la camioneta. Esta situación ha sido revocada también por la cámara, confirma el procesamiento, pero no por transporte de sustancia, sino que por el hecho de tenencia con fines de comercialización”, preciso el abogado defensor.

Por su parte, la Cámara se declaró incompetente para investigar cómo el funcionario gestionó certificados para que pudieran circular como personal esencial a bordo de vehículos otros miembros de la banda durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“Es una situación completamente distinta, si bien está dentro del mismo encuadre normativo, es distinto el hecho por el que se lo está juzgando. Ahora esto está circunscripto a dos comunicaciones telefónicas vía WhatsApp que serán desvirtuadas en la audiencia oral”.

“El instrumento hallado era un permiso de circulación, en tanto se inicia la investigación de ese permiso. Pero tenía fecha de vigencia desde el 27 de marzo al 31 de marzo, entonces lo que se debe investigar en la justicia provincial es la falsedad de ese instrumento respecto de ese periodo. Ahora bien, a lo que hace la investigación de la justicia federal en el marco del hallazgo de sustancia estupefaciente, ese instrumento no tiene vinculación con esta causa porque ese hallazgo a ocurrido en el mes de julio, por eso no es competente la justicia federal”, manifestó el Dr. Francisco Ibarra.