La justicia de Tierra del Fuego cerró la causa iniciada en julio de 2015 por el ex senador Julio Catalán Magni contra el vocero de Federación Popular del Transporte – Fe.Po.Tra., Daniel Guzmán, cuando ese año la organización le reclamaba diera a conocer el estudio de factibilidad que avalara el proyecto de Cruce por Aguas Argentinas que luego anunciaron Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, pero que nunca se realizó.

El 23 de julio de 2015, por Cadena Nacional desde Río Gallegos, la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de economía anunciaban y prometían la creación de un fideicomiso de 1000 millones de pesos -equivalentes a 100 millones de dólares-; para concretar un Cruce por Aguas Argentinas que permitiera unir el área nacional continental, con la isla grande de Tierra del Fuego. “Se decidió que la conexión sea de Río Gallegos con Río Grande” y que la “distancia se va a recorrer en 4 horas”. (FOTOGRAFIA 1)

Los estudios de factibilidad que debía haber presentado la Administración General de Puertos, AGP; que avalaran el proyecto con todo el rigor técnico y científico nunca se presentaron; menos aún publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina. Tampoco se depositó un solo centavo de esos 1000 millones de pesos, cuando el dólar estaba 10 a 1.

Previo a ello, la Federación le reclamaba al senador nacional Julio Catalán Magni, que además de realizar declaraciones a la prensa en términos políticos sobre las bondades del proyecto que él mismo había ayudado a desarrollar; diera a conocer los aspectos técnicos y los estudios de factibilidad que había elaborado la AGP. (FOTOGRAFÍA 2)

En junio de 2015, un mes y medio antes del anuncio de la expresidenta y en una reunión promovida por el entonces diputado nacional Martín Pérez, hoy intendente de Río Grande; Catalán Magni se comprometió con la Fe.Po.Tra, a enviar la documentación oficial desarrollada por los organismos nacionales.

Días después se reunieron también con el entonces diputado Nacional, Oscar Martínez, quien informó haber mantenido un encuentro con Catalán Magni donde el senador nacional le confió “haber dialogado con directivos de la empresa Buquebus, en busca de interesarlos en la iniciativa del cruce”.

Ante la falta de respuesta del parlamentario, y ante el inminente anuncio de Cristina Fernández, en julio de 2015, la Fe.Po.Tra. lanzó una campaña a través de las redes y por los medios radiales de Tierra del Fuego, planteando abiertamente el interrogante: “¿DE QUÉ PROYECTO DE CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS HABLA EL SENADOR JULIO CATALÁN MAGNI?. Y en declaraciones periodísticas, a través de su vocero, la organización que milita el cumplimiento correcto y efectivo de la Ley 26.776, catalogó a Catalán Magni, como “gestor de intereses o negociados de empresas privadas contrarios a los intereses del pueblo”.

Días previos al anuncio; ante la insistencia de numerosas organizaciones políticas, sociales y gremiales, que se sumaron al reclamo que encabeza la Fe.Po.Tra., el parlamentario explicó que no tenía “capacidad técnica” para entender lo producido por la AGP porque él era “un deportista”; tampoco lo podía entender “un periodista como Guzmán”.

Fe.Po.Tra le respondió al senador que si él “se sentía o era incapaz, lo mismo que su grupo de asesores, para analizar el proyecto, que no universalizara su incapacidad” para interpretar.

Faltando menos de 24 horas del anuncio presidencial, Catalán le envió a algunos periodistas de la provincia, un documento titulado “EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA LA DEFINICIÓN DE LAS LOCALIZACIONES DE LA CONEXIÓN MARÍTIMA ENTRE LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO Y EL SECTOR CONTINENTAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”. (FOTOGRAFIA 3)

La tapa de tal “EVALUACIÓN PRELIMINAR,” contenía un mapa que mostraba el área sobre la cual se realizaron los estudios con arbitrarias alteraciones geográficas. Se había hecho desaparecer completamente el Estrecho de Magallanes, convirtiendo su boca oriental en una gran bahía.

Todo el trabajo respaldatorio estaba reunido en tan solo 245 páginas. Más de 120, de fotografías. El resto era un copy paste de capítulos del estudio realizado por el Bureau Veritas en el 2006, al punto extremo de no tener ordenamiento numérico. Las recomendaciones y sus fundamentos, no superaban las 5 páginas. Luego de un profundo debate en sus asambleas, la Fe.Po.Tra calificó al material distribuido por el exsenador nacional, de “mamarracho”.

Esa misma mañana del jueves 23 de julio, mientras Cristina Fernández de Kirchner hacía el anuncio del proyecto que le había presentado la AGP, Julio Catalan Magni como senador de la Nación (quien no asistió al acto); enviaba desde su despacho en Buenos Aires, una carta documento al vocero de la Fe.Po.Tra Daniel Guzmán, acusándolo de cometer contra él “calumnias e injurias”.

La Fe.Po.Tra le recordó que el delito de calumnias e injurias no resultaba delito cuando la opinión correspondía a un hecho de interés público, así lo definió el Congreso Nacional mediante un proyecto presentado por la ex presidenta y que él mismo, en octubre de 2009; había votado por la afirmativa como Diputado Nacional del FPV.

No obstante, horas después enviaba ya no como Senador Nacional, sino como “vecino de Ushuaia”, una segunda carta documento por “daños y perjuicios”.

Los intentos de Catalán Magni por querer hacer callar judicialmente, los pedidos de la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego para que el proyecto no se desviara de lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.776, terminan 7 años después con la “caducidad de la instancia” tramitada en el Expte Nº 21430/2015 – “CATALÁN MAGNI Julio Cesar c/ GUZMAN Jorge Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego; ante la falta de pruebas y el desinterés del propio Catalán y sus abogados de darle continuidad.

Catalán Magni tendrá que pagar las costas del juicio. No así el daño que le produjo al País la imposibilidad de contar hoy, 7 años después de ese anuncio presidencial; con el cumplimiento de una Ley que fuera votada por unanimidad en ambas cámaras parlamentarias y que establece un procedimiento para la integración marítima entre el área nacional continental y la isla grande de Tierra del Fuego como Política de Estado.

El vocero de la Fe.Po.Tra. fue asistido profesionalmente, por el abogado Jorge Pintos; miembro del Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de Ushuaia.

Al exsenador, lo acompañó legalmente en primera instancia uno de sus asesores, el abogado Rodolfo Bembihy Videla, quien en octubre de 2016 asumió como Juez de Tierra del Fuego. La segunda etapa estuvo a cargo del ex camarista y exjuez Luis Felipe Ricca, quien debió renunciar al último cargo cuando se difundieron sus antecedentes ligados a la mafia brasileña durante el gobierno de Fernando Collor de Mello (1990 – 1992).

En octubre de este año se cumplirán 10 años de la sanción de la LEY DEL CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS, 26.776; impulsada por los senadores fueguinos José Martínez y María Rosa Díaz, y en mayo del 2023; 50 años de la meritoria primera presentación ante el Congreso de la Nación sobre la necesidad de conectividad entre la isla y el continente, de los diputados nacionales, también fueguinos; Ester Fadul de Sobrino y Ernesto Manuel Campos.

HOY, EL CENTRO GEOGRÁFICO DE LA ARGENTINA BICONTINENTAL, AÚN PERMANECE SIN UNA CONEXIÓN SOBERANA.