En la tarde del pasado martes, tres personas de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos cuando intentaban ingresar a la ciudad de Río Grande. La detención se produjo en el puesto policial José Menendez, en donde los uniformados recibieron una alerta a raíz de que estas personas habrían realizado un corte en la fibra óptica que se encuentra a la vera de la Ruta N°3 en inmediaciones del Relincho. Esta situación perjudicó por completo a las comunicaciones de la ciudad de Ushuaia, Tolhuin y parte de Río Grande. Estos sujetos se encontraban manifestándose días previos contra el radar inglés.

El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, el Dr. Juan Vicente, brindó detalles sobre la indagatoria que tuvo lugar durante este miércoles. “En la audiencia indagatoria que es la ocasión que tuvieron de conocer el hecho que se estaba imputando, porque es lo que se estaba investigando y las pruebas que hay en su contra y fueron hoy las tres personas se negaron a declarar. Se dio por cumplido ese acto y después recuperaron la libertad” dijo en comunicación con Fm La Isla.

En relación a como queda la causa dijo que “la jueza tiene 10 días para resolver la situación procesal, es decir, ver si estas personas van a ser procesadas y si van a ser sobreseídas o si va a dictar la falta de mérito que es un estado intermedio cuando se considera que faltan pruebas para tomar una decisión u otra. A partir de esto, la jueza solicita una serie de ordenados, una serie de medidas para tratar de conocer mejor qué fue lo que sucedió y si estas personas en efecto, como se sospecha, son responsables del hecho que se investiga”.

Además, detalló que “el Código Penal establece una serie de sanciones para algunas conductas, esta puntualmente, lo que se investiga ahora, suponemos, estaría incluido en el artículo 194, que sanciona cuando hay algún acto que genera un corte de un suministro de un servicio público, en este caso podría ser el caso este que estamos investigando”. Asimismo, dijo que la pena podría ir de tres meses de prisión hasta dos años.

El Secretario además dijo que “dos de los imputados eligieron a la defensa oficial, la Defensoría Pública Federal, y otro de los imputados designó un defensor particular, se trata del Dr. Paladino”.