A diez años de su cierre, los responsables del ex cabaret Aquelarre afrontan un nuevo juicio, luego de que otra mujer denunciara haber estado bajo el sometimiento de explotación sexual por un agente policial en complicidad con los titulares del local nocturno. A pesar de la nueva denuncia, y de haber sido imputados las personas investigadas, la Justicia Federal dictó la respectiva “falta de mérito”.

Cabe recordar que esta causa se encuentra a cargo de la Justicia Federal de Ushuaia, encabezada por el juez Federico Calvete, quien ya dictó la falta de mérito a los encargados del Aquelarre, Jorge Scienza, Diego Escalante, Oriana Acosta y Elvira Centurión; la misma “suerte” corrió el propietario del local, Carlos Longiarú.

Hay que trasladarse al año 2008 cuando la mujer denunciante relató que, al llegar a un cabaret de la ciudad de Ushuaia, conoció a Héctor Silvestre, oficial de la Policía Provincial; según radicó en la denuncia, este sujeto comenzó a explotar económicamente el vínculo, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraba la mujer.

En el 2010, trasladó a la denunciante (claro está que sin su consentimiento) a Río Grande para ser sometida -hasta el año 2013- a un nuevo y horroroso acto de explotación sexual en el Aquelarre.

Por esta situación, se imputó por el delito de explotación sexual al oficial Silvestre y a los integrantes de regentear el local Aquelarre (Scienza, Escalante, Acosta, Centurión y Longiarú).

Lo cierto es que el juez Calvete entendió que del proceso judicial no se encuentran evidencias suficientes ni para procesar, pero tampoco para sobreseer definitivamente a los imputados, y es por ello que dictó la “falta de mérito” de los involucrados a excepción de Longiarú, el dueño del inmueble de quien se desconoce su paradero.

Por su parte, Scienza, Escalante, Acosta, Centurión, ytambién Longiarú, se encuentran a la espera delsegundo juicio por la primera causa conocida como“Causa Aquelarre”, en la cual ya se dictó la nulidad de las condenas del primer juicio. De esta forma, este bochornoso proceso judicial ya lleva más de 10 años desde los allanamientos que tuvieron lugar en el 2013.