La Cámara de Apelaciones de Río Grande tomó conocimiento de una pericia donde figuran intercambios de mensajes entre una abogada y el juez de instrucción Nº2, Raúl Sahade. De los diálogos se desprende el supuesto pago de sentencias y que el magistrado le enviaba escritos a la letrada para que los presentara en su juzgado. Los camaristas extrajeron copia de las actuaciones y las enviaron al Superior Tribunal. También expresaron que la Fiscalía está en condiciones de dictaminar si hubo o no comisión de delitos.

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande tomó conocimiento de la situación que involucra al juez de instrucción Raúl Sahade, ante la sospecha de que podría haber cobrado dinero para dictar fallos, y de que le pasaba modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado, según surge de una pericia telefónica que está en poder de los camaristas.

En un fallo dictado por la Cámara el pasado miércoles 14 -y que trascendió este fin de semana- los jueces Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino, resolvieron “extraer copias certificadas” de las actuaciones y remitirlas al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, para su conocimiento.

A su vez, los camaristas les recordaron a los fiscales intervinientes que “están en condiciones” de dictaminar si corresponde el inicio de una investigación penal sobre las conductas de Sahade.

Las sospechas sobre el accionar del juez de instrucción surgen a partir de una causa donde se investiga a una abogada de Río Grande por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, que fue condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un accidente de tránsito, explicaron fuentes judiciales.

En esa causa intervino el juez de instrucción Nº2 riograndense, Daniel Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de la abogada imputada y el secuestro de su teléfono celular.

Cesari Hernández ordenó una pericia sobre ese teléfono secuestrado, y de allí surgió que la abogada (acusada en la causa) no solo mantenía contacto con su cliente, sino que además intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade.

Pese a ello, ni la fiscalía ni el juez Cesari Hernández dispusieron ninguna medida relacionada con lo que surge del contenido de la pericia, hasta que el caso llegó a la Cámara de Apelaciones.

En esa instancia, los camaristas coincidieron en que el tribunal “no puede desentenderse del contenido del informe pericial”.

Por eso, si bien no le ordenaron a la Fiscalía que investigue a Sahade, dejaron claro que el Ministerio Público “tomó intervención en estas actuaciones y por lo tanto está al tanto de las comunicaciones que allí se aprecian”. Y, en ese sentido observaron que “el órgano titular de la acción pública está en condiciones de evaluar si corresponde o no iniciar una investigación penal al respecto”.

Por otra parte, la Cámara entendió que como “las comunicaciones allí plasmadas darían cuenta de presuntas conductas que al menos podrían resultar contrapuestas con la ética de un magistrado de este Poder Judicial, corresponde disponer la extracción de copias certificadas de los autos principales y remitirlas a conocimiento del señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, mediante oficio de estilo”.