A raíz de un proceso judicial que incluyó la omisión de debate, el juez a cargo del Tribunal Oral Federal en Río Grande, el Dr. Guillermo Quadrini, condenó al exempleado aduanero Walter Servián a una pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso, y a su vez le sumó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese marco, el Juez Guillermo Quadrini también consideró que el condenado tendrá como pena devolver a la Aduana la totalidad del monto que no se logró recaudar a raíz de sus maniobras fraudulentas. Cabe señalar que, este hecho sucedió hace 10 años atrás y en ese entonces el monto ascendía a unos $4.000.000.

Por dicho motivo, Walter Servián quien cumplía funciones como empleado de la Aduana fue procesado y condenado por el delito de “defraudación a la administración pública” y “falsificación de documento público”, a raíz de la liberación de 14 automóviles, hecho que fue denunciado en el año 2014.

Recordemos que, este hecho salió a luz cuando el agente aduanero responsable de la firma de liberación suscribió notas plagiadas que permitieron la liberación de varios vehículos. Por dicha maniobra, tras la presentación realizada por el administrador de la Aduana Local respecto de una desviación detectada en la sección “automotores” de la repartición nacional en Río Grande, fue donde se inició la causa.

Mediante la presentación del administrador se detectó un desorden respecto al manejo de los trámites de liberación de vehículos afectados al régimen promocional de la Ley N°19.640 ya que, bajo este régimen los autos nacionales se liberan recién cumplidos los tres años al momento de su patentamiento y los importados cinco años.

En este sentido, en la primera auditoría se detectó que al menos en diez oportunidades los registros del automotor liberaron vehículos a partir de notas presentadas por particulares, procedentes de la Aduana, la que contaban con la firma del imputado Servián.

La maniobra de Walter Servián consistía en modificar las antiguas notas de liberación, a las que les cambiaba los datos del vehículo a liberar en esta oportunidad y generaba “notas mellizas” que ingresaban a los registros del automotor. Fueron un total de 14 los casos detectados que se pagaron y que nunca llegaron a las arcas aduaneras, y en otros casos directamente se liberaron vehículos que no estaban en condiciones debido a su baja antigüedad.

Es importante señalar que, todos los autos que se adquieren en la provincia se encuentran sujetos a la Ley 19.640 por lo cual, tienen un tratamiento específico y un plazo de gracia para poder salir liberados de la Isla. Además, los autos importados tienen un plazo de cinco años y los nacionales de tres, es por ello que cuando se hace el trámite de liberación, el propietario tiene que ir a la Aduana para que se le selle un papel y pagar tributos si no cumplió el plazo, y una vez que tiene el papel sellado, se dirige hacia el registro de la propiedad automotor que es el encargado de anotar la liberación del automotor.

Por tal motivo, en este caso los propietarios de los vehículos en vez de pagar los tributos en el banco como corresponde, se lo abonaban a Servián y teniendo en cuenta que mucho de los propietarios no cumplían con los requisitos para liberar el automotor, este sujeto que era el jefe del Departamento Automotores de la Aduana Local, también les firmaba el papel dando el consentimiento para que se liberen.