El juez de Instrucción de la ciudad de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, ordenó realizar una pericia informática sobre el teléfono celular y la computadora del juez de instrucción N°2 Raúl Sahade, en la causa penal donde lo investigan por el presunto cobro de fallos y el arreglo de causas de su juzgado.

Las sospechas sobre el accionar de Sahade surgieron a partir de una causa donde se investiga a la abogada María Angélica Naveas Lagos, por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un accidente de tránsito.

En esa causa intervino Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de Naveas Lagos donde se secuestró un teléfono celular. En el mismo, el juez dispuso una pericia y de allí surgió que la abogada no solo mantenía contacto con su cliente, sino que además intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade, donde se hacía referencia al supuesto pago de fallos y donde el magistrado le indicaba qué presentación hacer para obtener el dictado de una probation (o suspensión del juicio a prueba).

Por su parte, durante el allanamiento realizado el 28 de octubre sobre el despacho de Sahade, un teléfono y una CPU fueron secuestrados. Ahora, la medida dispuesta por Cesari Hernández dispone practicar una “pericia informática” sobre el “teléfono celular Iphone de color blanco con funda transparente” y de la computadora de escritorio, que fueron secuestrados, y que se hallan a resguardo en la caja de seguridad del tribunal”.

Además, mandó a investigar los mails de Sahade que puedan encontrarse en su computadora, y citó a las partes y a los peritos para que la pericia se llevara a cabo a partir de ayer, dijeron los voceros consultados.

Así fue como, el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini realizó una “ampliación pormenorizada del requerimiento de instrucción” en la que encuadró el accionar de Sahade como un posible “cohecho”, y donde ratificó que la abogada debe ser investigada por una posible “extorsión” a su cliente.

Luego de una “reseña de los hechos y circunstancias” que rodearon el caso, el representante del Ministerio Público solicitó dieciséis medidas probatorias.

Mientras tanto, Sahade continúa en funciones. El desarrollo de un eventual jury de enjuiciamiento está muy lejos de la etapa en que podrían suspenderlo del cargo, el Superior Tribunal manifiesta que carece de facultades para hacerlo y el propio juez aún no ha resuelto (al menos que se sepa hasta el momento) tomarse una licencia mientras se resuelve la causa judicial donde se encuentra formalmente imputado y notificado de derechos y garantías.