La Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego le otorgó en las últimas horas la jubilación ordinaria a los 56 años al juez de Instrucción, Javier De Gamas Soler, procesado por presunto encubrimiento en la causa sobre irregularidades en la investigación del atentado de la AMIA de 1994, confirmaron fuentes judiciales.

De Gamas había presentado su renuncia sujeta al otorgamiento del beneficio jubilatorio en abril de este año, pocos días después de que la Cámara Federal le ratificara un procesamiento por los supuestos delitos de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”, derivados de su intervención como secretario del destituido juez Juan José Galeano, el primero que investigó el atentado.

La Cámara también confirmó que esas figuras delictivas eran (para el caso) de “lesa humanidad” y que por lo tanto no prescriben.

La situación del Juez de Instrucción llegó al Consejo de la Magistratura provincial cuyos integrantes pidieron saber “el estado de la causa y la situación procesal del magistrado”, también en abril pasado.

Sin embargo, al aprobarse su jubilación, De Gamas dejará el cargo y se tornará abstracta la posibilidad de que le inicien un jury de enjuiciamiento y de que eventualmente lo destituyan del cargo.

De Gamas se encuentra procesado junto a los exsecretarios de Galeano Susana Spina y Carlos Velasco.

Javier De Gamas Soler está procesado por el delito de encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA.

Si bien en primera instancia el juez Sebastián Ramos los procesó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Roberto Boico y Juan Carlos Bonzón, agravó las figuras delictivas en un fallo de abril de este año que luego fue apelado “en queja” ante la Cámara de Casación Penal.

Por esos hechos el exjuez Galeano fue condenado a seis años de prisión, acusado de haber montado una maniobra para que el desarmador de autos Carlos Telleldín modificara su declaración original e involucrara falsamente a un grupo de policías bonaerenses en el atentado de la AMIA, a cambio de 400.000 dólares.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el Dr. Fernando Ballester Bidau y la defensa la ejercerá un Defensor Público.

FUENTE TELAM