La fiscal auxiliar doctora María Hermida pidió ayer que se condene a Mariela Hayde Rotela, de 31 años, a la pena de 10 años de prisión al considerar probado que sometió a 11 mujeres para prestar servicios sexuales en un privado de la ciudad de Río Grande tras un procedimiento realizado en 2015.

En su alegato la Fiscal consideró que a lo largo del debate quedó probado que Rotela se encargaba de “captar” a las mujeres “aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social”, para después costearles el pasaje aéreo a Tierra del Fuego y someterlas a un régimen de explotación sexual con el que lucraba. Por dicha razón más la tenencia de droga que se le detectó en el procedimiento, pidió 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de trata y por tenencia simple de estupefacientes.

Los investigadores indagaron luego, a través de tareas de inteligencia, que en el privado había habitaciones en la planta alta donde se realizaban “pases” (encuentros sexuales con los clientes) mientras que en la parte inferior se servía alcohol.

Según lo recabado durante la investigación, los clientes pagaban “entre 500 y 700 pesos por pase”, en tanto que el “40% de los pases y el 50% de las copas” se los quedaba la responsable del lugar.

La fiscalía en su requerimiento también hizo hincapié en que las víctimas sufrían “descuentos” de su dinero para la limpieza de la casa, la promoción que se realizaba vía un sitio web, los pasajes con los que habían llegado a la isla, préstamos y prendas de vestir.

El presunto delito de trata de personas agravado y tenencia de estupefacientes, fue una derivación de del operativo realizado entre el 28 y el 29 de noviembre de 2015 en un privado de la ciudad de Río Grande, más precisamente en la calle Ameghino al 800.

Además, al momento del allanamiento fueron constatadas “condiciones de higiene deficiente” en el lugar, al mismo tiempo que se comprobó que varias de las víctimas tenían “hijos y otros familiares a los que no podían viajar a ver nunca”.

Por su parte el abogado Lucas Sartori, quien defiende a Rotela, sostuvo en su alegato que el delito de trata no fue probado bajo ningún punto de vista y pidió al Tribunal Oral que absuelva a su asistida. Insistió en que el privado continuó funcionando incluso después de que el procedimiento realizado por la Gendarmería. En el caso de la droga, consideró que correspondía también la absolución o una pena mínima.