El funcionamiento del Poder Judicial de Tierra del Fuego vuelve a estar en la mira, esta vez, producto de un nuevo informe difundido por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales (INECIP) que tomó datos del año 2021.

Cabe remarcar que, en su página oficial, el INECIP presenta una actualización del “ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina”, con los datos correspondientes al año 2021.

Según refleja el INECIP, “la tasa básica de eficacia político-criminal busca responder a una pregunta tan simple como importante: ¿qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad?” y a su vez recuerda que “las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social”.

Y en este sentido, advierte que los Ministerios Públicos Fiscales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Tucumán, Misiones, San Juan y Catamarca, “no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”.

Es importante remarcar que esta “tasa básica mide cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad. Para eso, se comparan la cantidad de casos penales ingresados, con la cantidad de salidas de calidad político-criminal básica: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales”.

Sin embargo, este segundo reporte estadístico muestra una “destacable mejora de los Ministerios Públicos Fiscales como los de Neuquén y Río Negro, que lograron superar el techo general del 10 % de eficacia que había mostrado el ranking del 2019. Se destaca, sobre todo, un claro aumento en la cantidad de acuerdos reparatorios (realizados o registrados)”.

Según explica el propio INICIP, “evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos. Sin embargo, pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea con la periodicidad, profundidad y publicidad suficientes”.

En detalle, el informe refleja que, por ejemplo, en San Juan, “el 2021 estuvo atravesado por la implementación de nuevos Códigos Procesales Penales” mientras que en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Misiones “son de las pocas provincias del país que siguen regidas por los oscurantistas sistemas inquisitivos, cuya despreocupación por los resultados no es novedosa”.

Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales advierten que “esta falta de información (no publicar ni tampoco responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos5. Este apagón informativo impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo”.

Para acceder al informe completo con sus respectivas conclusiones, podés ingresar al siguiente enlace https://inecip.org/wp-content/uploads/2023/06/INECIP-Reporte-de-eficacia-final.pdf