En las últimas horas se hizo de público conocimiento el procesamiento de la concejal perteneciente al MPF de Ushuaia, Mariana Oviedo, y junto a ella, el de su hermana y otro sujeto, hecho que sucedió a partir de una denuncia que realizó en el mes de diciembre del 2020 la ex asesora María Angélica Pérez en torno a una retención de haberes, y a esta medida se le sumo un embargo por $2.000.000 a cada uno de los procesados.
Recordemos que, en diciembre del 2020, María Angélica Pérez con representación legal del Dr. Raúl Paderne, dio a conocer una denuncia publica en la que detallaba que la concejal del MPF, Mariana Oviedo, se “adueñaba” de un 35% del salario, porcentaje que luego Oviedo transfería a su cuenta personal y añadió que, estas operaciones sucedían de forma mensual desde que fue designada como asesora en diciembre de 2019, cuando asumió Oviedo en su banca del Concejo Deliberante.
En ese momento, la denunciante también presentó evidencia que respaldaría sus afirmaciones, como documentación, mensajes en los que se especifica cuánto dinero reunía, cuánto restaba e incluso la preparación de los sobres con el efectivo ya recolectado.
En ese marco, el Dr. Raúl Paderne, abogado de la ex asesora de la concejala fue quien confirmó la decisión judicial, la cual se dictó tras “una querella que iniciamos hace más de un año y medio, esto ha tenido una tramitación larga porque no fue fácil producir las pruebas, si bien la prueba original, a criterio nuestro, altamente convectiva había que ir certificando todas estas situaciones”.
Asegurando que “el juzgado ha llegado a una conclusión muy contundente porque hemos probado el pedido en forma ilegal de esta plata en 33 oportunidades. Iremos a juicio si se confirma esta resolución, pero creo que no tiene posibilidades reales de revertirse”.
De igual forma, el magistrado Paderne recalcó que Oviedo aun cuenta con la posibilidad de apelar esta resolución ya que se trata de un procesamiento primario, luego de una revisión que realizó el Juez de instrucción, y consideró que “va a ser complejo para los defensores revertir esta situación. Se trabó un embargo por $2.000.000 a cada uno de los embargados”.
Por tal motivo, adelantó que a raíz de esta resolución “seguramente que la defensa de Oviedo apelará la resolución y nosotros sostendremos el pronunciamiento, y será la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia la que resuelva. Si confirma el procesamiento, se irá a juicio. Y recién terminó la primera lectura, y el fallo que es muy contundente, las pruebas están muy bien valoradas, independientemente de darnos la razón”, sostuvo Paderne.
Teniendo en cuenta que, el período legislativo de Oviedo finaliza en diciembre del 2023, puntualizó en que “el ilícito penal ya está cometido y lo que se está haciendo es juzgarlo. Que, además la pena que tiene el artículo, hay sanciones ilegales, tiene como anexo la inhabilitación especial de uno a cinco años por cada hecho. O sea que evidentemente si llegamos una condena va a ser una larga inhabilitación”.
A su vez, detalló que hay otra persona damnificada también con prueba y se espera que se presente su caso, pero eso ya excede a la querella, por lo que destacó que “es una resolución muy detallada, muy concreta sobre cada hecho”.
Por último, enfatizó en que “creo que la Cámara de Apelaciones va a confirmar o no a fin de año, a partir del curso del segundo semestre del año que vendrá a juicio, siempre hablo de forma hipotéticamente”, cerró el Dr. Paderne.
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