La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó parcialmente el procesamiento de seis gremialistas acusados de participar de varios hechos de violencia ocurridos el año pasado durante el conflicto entre el gobierno provincial y sindicatos estatales por la reforma del sistema previsional, entre ellos la agresión sufrida por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, un escrache en el domicilio de la gobernadora Rosana Bertone, y la resistencia al desalojo del acampe instalado frente al edificio gubernamental.

Los sindicalistas habían sido procesados en julio de 2016 por el juez penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler, mientras que ahora la Cámara integrada por los jueces Walter Tabarez Guerrero, Jorge Luis Jofré y Julián de Martino ratificó el fallo de primera instancia pero con salvedades relacionadas con algunas figuras delictivas utilizadas por el juez de grado (que incluso motivaron algunas nulidades parciales) y con algunos cambios en los alcances de las reglas de conducta impuestas también en la instancia anterior.

Lo cierto es que por el ataque sufrido por Arcando, el 2 de mayo tras la finalización de un acto en homenaje de las víctimas del Crucero General Belgrano, durante la guerra de Malvinas, se mantuvo el procesamiento a los gremialistas Roberto Camacho, Juan Manuel Stefoni, Antonio Gallegos, José Gómez y Alejandro Gómez, quienes habían sido detenidos poco después del incidente y luego fueron liberados bajo reglas de conducta.

La Justicia les atribuyó ahora los delitos de “resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones” y “lesiones calificadas” por la agresión a policías que custodiaban al vicegobernador.

Por su parte, a José y Alejandro Gómez les confirmaron procesamientos por presunta “resistencia a la autoridad”, en relación con el incidente ocurrido cuando escracharon el domicilio particular de la gobernadora Rosana Bertone, el 1 de abril de 2016.

A su vez, se le ratificó el procesamiento al actual secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) y de la CTA, Horacio Catena, por “resistencia a la autoridad”, en función de los hechos que protagonizó cuando la policía desalojó el acampe instalado durante semanas frente a la Casa de Gobierno fueguina, el 31 de mayo último de 2016 a la madrugada. Por este hecho lo acusaron de “arrojar contra la policía un tacho que contenía fuego”.

La resolución judicial de De Gamas Soler también les había impuesto a los sindicalistas el cumplimiento de reglas de conducta, como la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la gobernadora Bertone y del vicegobernador Arcando, bajo apercibimiento de quedar detenidos.

La Cámara aclaró que la medida sigue vigente pero “no alcanza a las peticiones escritas vinculadas al ejercicio de la representación gremial que puedan realizar los imputados en forma individual o conjunta por los canales institucionales o formales pertinentes”.

El juez había dispuesto que estos gremialistas tampoco podrán “tomar parte de actos públicos en los que se susciten hechos de violencia de cualquier índole o en los que se realicen actos de hostigamiento a funcionarios”, y tendrán prohibido “acercarse a organismos públicos dependientes del Estado provincial, sin previa autorización del tribunal”.

Sobre ello, los camaristas resolvieron por mayoría acotar esa medida al edificio central de la Casa de Gobierno y a la sede de la Legislatura, mientras que al resto de los edificios podrán entrar “en tanto se motive en la realización de trámites de interés personal, laboral o gremial”, y sin que se realicen actos que alteren el normal funcionamiento de la dependencia”.

Esta situación ya tuvo modificaciones porque la directora de la escuela Nº22 de Ushuaia denunció que el 13 de julio de este año, Catena la increpó verbalmente en forma violenta, por lo que el juez de Gamas volvió a prohibirle el acercamiento a instituciones públicas en una medida que está pendiente de apelación, dijeron fuentes judiciales.