El procesamiento de Gina Cárdenas quedó firme luego de que la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, confirmara el procesamiento dictado por el juez penal Javier De Gamas Soler con lo cual la causa ya fue elevada a juicio. Cárdenas se encuentra acusada de homicidio agravado por el vínculo, tras haber apuñalado a su pareja, Alejandro Ramón Báez (26) causándole la muerte en pocos minutos.

Los camaristas Andrés Leonelli, Sergio Dieguez y Paola Caucich, confirmaron semanas atrás el procesamiento de homicidio agravado por el vínculo dictado en primera instancia por haber matado de una puñalada a su pareja, Alejandro Ramón Báez.

La defensa de la acusada había expuesto en su apelación que la acción de la mujer fue producto de haber vivido sometida bajo un estado de violencia de género, algo que los camaristas no aceptaron en esa instancia y lo dejaron para que sea planteado en la etapa oral.

Cárdenas, de 25 años, fue acusada de haber apuñalado a Báez (26) el pasado 13 de noviembre en un departamento del barrio Monte Gallinero de la ciudad de Ushuaia. Según se informó en su momento producto de la acción violenta, le causó a Báez la perforación en uno de los pulmones lo que le causó la muerte en pocos minutos. El juez además consiguió declaraciones testimoniales de vecinos que oyeron durante esa jornada discusiones previas al sangriento hecho.

El juez De Gamas Soler la procesó por homicidio agravado por el vínculo, una pena que en un eventual juicio y en caso de ser condenada, le valdría la pena de prisión perpetua. Además del procesamiento, el magistrado trabó embargo sobre los bienes de Gina Cárdenas hasta cubrir la suma de 4 millones de pesos.

Cabe recordar que Cárdenas ya había sido condenada en septiembre de 2019 a 5 años de prisión por haber participado de un robo a mano armada cometido en una vivienda de Ushuaia. En 2018 la mujer había participado de un violento robo a una casa de calle Walanika al 400.

Con la confirmación de la Cámara el fiscal elevó el expediente al Tribunal de Juicio en lo Criminal para que ponga fecha al juicio oral y público, el cual deberá realizarse antes de que se cumpla un año del asesinato, o sea, antes del 13 de noviembre próximo.