La desestimación de la causa penal donde se investigaba a tres ex funcionarios provinciales de la gestión anterior, acusados de daños ambientales y al patrimonio arqueológico por su participación en la obra del llamado “Corredor del Beagle”, quedó firme, tras no haber sido apelada por la fiscalía.

En el caso estaban involucrados el ex ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, y al ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora, todos de la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone.

Tras la denuncia presentada por la Asociación Mane´Kenk, dirigida por la activista ambiental Nancy Fernández, el fiscal Fernando Ballester Bidau elevó en diciembre de 2019 un requerimiento de instrucción, imputándoles a los ex funcionarios la presunta comisión de los delitos de “daños agravados” y “daños al patrimonio arqueológico”.

Sin embargo, en junio pasado, el juez de instrucción Nº3 de Ushuaia, Federico Vidal, desestimó la causa por “inexistencia de delito”, al entender que durante el trámite de la obra se habían tomado todos los resguardos para preservar el ambiente y los restos arqueológicos de la zona, y que por lo tanto la acusación resultaba infundada.

En un pronunciamiento de 14 páginas, el juez había entendido que lejos de haber cometido un delito con la aprobación del estudio de impacto arqueológico y la autorización del plan de ejecución de la obra, los ex funcionarios cumplieron con los recaudos legales para salvaguardar el patrimonio arqueológico y ambiental de la zona.

“La conducta atribuida a los funcionarios sindicados, en supuesto detrimento del patrimonio arqueológico provincial, tampoco se condice con la de quien -como en el caso- decidió contratar los servicios de un grupo de arqueólogos con el fin de revisar y mejorar la información obtenida del Estudio de Impacto Arqueológico inicial y, al mismo tiempo, acompañar el avance de obra en los distintos frentes abiertos para mitigar el impacto y efectuar los rescates de los hallazgos arqueológicos”, aseveró el juez Vidal.

También afirmó que “ni siquiera existen indicios razonables que permitan suponer que esos funcionarios públicos hayan obrado con intención de dañar el patrimonio arqueológico del Estado Provincial, requisito ineludible para la configuración de un delito doloso como son los traídos a estudio”.

“La hipótesis delictiva a la que arriba el agente fiscal sólo se sustenta en una especulación ajena a la realidad de los hechos de la causa, pues nada indica que nos encontremos ante la comisión de alguna conducta con potencialidad delictiva”, definió el magistrado en su pronunciamiento sobre el tema.

Fuente: EDFM