El asunto tomó notoriedad en 2018, cuando se dio a conocer la noticia de la consideración de estudios preliminares para el desarrollo de la actividad en las Islas, territorio actualmente usupardo por el Reino Unido.

Para marzo del año pasado el gobierno ilegítimo de las Islas había contratado a MacAlister y Asociados Ltd, para monitorear y evaluar los requisitos para otorgar licencias a la acuicultura cerca de las costas de Malvinas, a partir de la propuesta presentada por la empresa Unity Marine, para operar una industria de cría de salmón.

Si bien la decisión histórica tomada por Tierra del Fuego en 2021 de prohibir la salmonicultura en la provincia impactaba directamente sobre las aguas abiertas de las Islas Malvinas, la disputa por la soberanía del territorio impidió el impacto concreto de la normativa.

En octubre la organización Salmon Free Falklands, en medio de las elecciones de los integrantes de la Asamblea Legislativa convocaba a rechazar “la instalación de granjas industriales a cielo abierto para la cría de salmones” condicionando el voto en contra de quienes se expresen a favor de la industria.

Otra vez las organizaciones ambientales tomaron un rol trascendental en la posibilidad de concretar políticas proteccionistas del ambiente en contra del lobby salmonero que empujó fuertes discusiones, poniendo sobre la mesa el enorme impacto ambiental que producen este tipo de actividades.

La contaminación que generan los criaderos con la excesiva cantidad de medicamentos que consumen los salmones, la introducción de especies exóticas en detrimento de las autóctonas también fueron parte del discurso que resonó durante el año de campaña.

La resolución de la Legislatura fueguina también tomó relevancia para la decisión final de haber prohibido la actividad en las Malvinas. “Argentina ha tomado la sabia decisión de prohibir la salmonicultura. Parece que nuestros vecinos no necesitaban montones de papeles y tranquilidad del exterior para decirles que la cría de salmón es destructiva para el medio ambiente y por lo tanto, una perspectiva indeseable”, cierra una columna de opinión de la editora Lisa Watson, publicada en Pengüin News, en pleno debate en 2021.

Tras conocerse la decisión, la legisladora Teslyn Barkman explicó que, luego del análisis de la ordenanza en materia de industria de pesca la determinación ante las solicitudes de licencias, al igual que las Evaluaciones de Impacto Ambiental, no resultaban suficientemente abarcativas, aunque aclararon que hubo especial cuidado en separar las actividades actuales de acuicultura de aquellas que pueden llegar a introducir nuevas especies en el futuro.

El legislador Mark Pollard insistió en que “no estamos cerrando las puertas a las oportunidades, sino afirmando rotundamente, NO a la explotación de salmones en granjas”.

La CEO de Falklands Conservation, una organización no gubernamental que trabaja para proteger la vida silvestre en las Islas Malvinas; Esther Bertram celebró la decisión del Consejo Ejecutivo de rechazar la salmonicutltura, en particular “la cría de peces en piletas a cielo abierto, a escala industrial, al igual que a la introducción de más especies nuevas”.

“Las aguas interiores de las Islas son esenciales para el desarrollo de nuestra vida silvestre” resaltó y consideró que la decisión del Consejo Ejecutivo aseguró “la protección del medio ambiente, reforzando nuestras actuales industrias a largo plazo”.

También resaltó que la decisión “marca el comienzo de una oportunidad económica para desarrollar industrias y prácticas que resulten menos dañinas, a la vez que benefician activamente el medio ambiente”, y destacó que la elección general de representantes el año pasado fue clave en el debate, algo que consideró como “realmente significativo” ver cómo la población “se ha volcado hacia un enfoque progresivo y verde para el desarrollo”.

La resolución del Concejo Ejecutivo publicado señala 7 puntos donde se destaca que no habría prohibición de todas las actividades acuícolas, de igual manera similar a lo legislado en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Insiste en que “no tenían intención de aceptar proyectos a gran escala de salmonicultura en las Islas Malvinas” y que “no tenían la intención de aprobar ningún proyecto que implique la introducción de más nuevas especies”.

Aclara además que cualquier licencia emitida basada en la Ordenanza sobre piscicultura de 2006 será limitada a la producción máxima anual a 50 toneladas y pide a los funcionarios que informen al Consejo Ejecutivo sobre las opciones para implementar la determinación tomada.

La decisión tomada por la provincia de Tierra del Fuego también había sido destacada por la comunidad en Puerto Williams, quienes entonces también habían replicado el reclamo. David Alday, representante de la comunidad Yagán, afirmaba entonces: “Es un hito tremendo el que han logrado del otro lado del Canal. Nosotros conseguimos sacar las salmoneras y ustedes lograron que no haya salmonicultura, esto tiene un gran impacto para nosotros, es una señal y un respaldo a nuestra comunidad y territorio indígena y al archipiélago”. Y resaltó: “Queremos que en Chile esto se sepa, que del último lugar del planeta se ejecutó un hito contra una industria tan destructiva como la salmonicultura”.

Sin dudas, la movilización ambientalista cierra filas en contra del avance de las actividades con profundo impacto ambiental en la región. La toma de conciencia de las sociedades y su compromiso por exigirle a las y los representantes que legislen en favor de la preservación, parece ser un lenguaje universal logra posicionarse por encima de las disputas de soberanía sobre el territorio Malvinas en la región.