Desde Vigo, puerto base de los principales caladeros de pesca del mundo, en el que se mueven más de 800 mil toneladas de pescado al año y de la pesca dependen más de 32 mil puestos de trabajo en la ciudad y su área, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y portavoz de la Asociación de Empresas Comunitarias y Sociedades Mixtas de Pesca en Vigo, Javier Touza, adelantó la noticia en el marco de la presentación de las VIII Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, que tendrá lugar el 27 y 28 de septiembre y que este año estará dedicado al “level playing field” en el sector y el papel que juegan los sellos de certificación y marcas sectoriales en este objetivo.

Touza anunció que la flota de las “Falkland” -compuesta por 16 grandes arrastreros con capital vigués que pescan en exclusiva calamar Loligo patagónico y que se destina casi en su totalidad al mercado de la UE- ya trabaja con el “Gobierno de Malvinas” en allanar el camino para iniciar la evaluación. Son los trabajos previos al inicio formal del proceso.

Recientemente un grupo de empresas, con presencia española, anunciaban una coalición para eliminar el calamar generado por pesca ilegal de las cadenas de suministro mundiales.

El anuncio del objetivo MSC para el calamar de Malvinas se produce pocos días después que la UE haya confirmado una nueva rebaja arancelaria para esta variedad.

Europa ya autorizo 75.000 toneladas para los próximos 3 años, evitando la flota tener que pagar un 6% de arancel al ingresar su producción a Europa como consecuencia del brexit.

Cabe destacar, que las certificaciones MSC o sello del pez azul sólo se concede a pescado o marisco de captura salvaje procedente de pesquerías que han sido certificadas en base al estándar, un indicador científico de pesca sostenible, cuyos parámetros se edifican sobre una fuente certificada, manipulado con precaución, creíble, confiable y bioseguro; eximiendo toda captura con procesos agresivos y/o no saludables con la biodiversidad.

Es preocupante en materia de soberanía, debido que con estos eventos, determinan que un grupo de armadores reunidos en una cámara, a través de la pesca, negocian certificaciones con el “ gobierno de Malvinas “ generando indirectamente un problema a resolver directo con Cancillería Argentina. Certificar un producto de aguas que aún permanecen en disputa entre países, es al menos, certificar productos de mar cuya pesca aun entraría dentro de los cánones de pesca no documentada no reglamentada, por consiguiente ilegal.

Recordemos, en agosto de 2016, el gobierno español se había pronunciado retirando sus buques arrastreros de los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) localizados en torno a Malvinas, de acuerdo a la información que trascendió mediante la prensa ibérica en aquellos dias.

La medida involucraba a estos mismos barcos de Vigo que regularmente faenaban en esta parte del Atlántico Sur, donde las islas y su espacio marítimo circundante estaban envueltos en una disputa de soberanía a partir de la ocupación ilegal por parte del Reino Unido. Hoy, parece haber cambiado la postura, o al menos los embates.

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