Marcelo Rapoport, titular de la Fiscalía Federal de Rio Grande, junto con María Ángeles Ramos, titular de la Procaduría de Crímenes contra la Humanidad, presentaron el pasado 29 de marzo una ampliación de requerimientos en la causa. Esta ampliación suma la inmersión en aguas heladas como método de tortura, y también, casos de abuso sexual em un contexto de antisemitismo en prejuicio de 24 soldados conscriptos. Se solicito el llamado a indagatoria a 19 imputados.

En esta oportunidad, se imputo a 18 oficiales y suboficiales del ejercito; y 2 de abuso deshonesto, imputando a otro suboficial; imputando a otro suboficial por las atrocidades cometidas en contra del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) N° 3.

Esta ampliación, parte de un nuevo análisis que hizo el Ministerio Público Fiscal sobre las pruebas que se incorporaron a partir de desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos al conflicto por Islas Malvinas. Asimismo, los fiscales describieron la actividad de inteligencia sobre los excombatientes y las organizaciones que los nucleaban desde el mismo momento de la rendición e incluso con posterioridad a la vigencia del Estado constitucional y acción psicológica ejercida por el aparato represivo estatal durante la guerra.

Ante el estancamiento de la causa, se dan las razones por las cuales el Estado Argentino se encuentra obligado a investigar y juzgar a los responsables de los hechos. La causa, iniciada en el año 2006, se paralizo luego de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determino que los supuestos ilícitos no eran delitos de lesa humanidad, y que por el tiempo que ya había transcurrido, estos estarían prescriptos. Ese fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto –que había calificado los delitos como de lesa humanidad-, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.

Según consta, en el documento presentado, en tiempos de guerra las autoridades militares asentadas en la isla ordenaron y ejecutaron en prejuicio de cientos de soldados conscriptos distintos actos de tortura, que incluyen estaqueamientos y enterramientos, además del caso particular del RIMec N° 3, quienes fueron sometidos a inmersiones en aguas heladas y ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío. Todos estos castigos fueron ordenados, luego de que los soldados reclamaran ante la falta de abrigo y comida que estos padecían.

El requerimiento demuestra, nuevamente, el arraigado sentimiento antisemita dentro de las fuerzas armadas. Y señala que, ya en un informe presentado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) presentado en el 84´ se daba cuenta del ensañamiento en contra de individuos con apellidos de origen judío, ya que estos sufrían torturas de mayor grado en centros de detención clandestinos durante la ultima dictadura militar que atormento al país.

Particularmente en el contexto de Malvinas, se los cuestionaba por no considerarlos argentinos, acusándolos de cobardes o traidores. Al respecto, la fiscalía citó el testimonio de un soldado que integró el RIMec Nº3, quien expresó que un subteniente -quien fue identificado e imputado- lo discriminaba constantemente por su condición religiosa. Expresó que el militar siempre hacía referencia a eso y le atribuía la culpa de todo lo malo que pasaba, provocando así resentimientos entre sus compañeros. “Flores Ardoino me castigó todos los días de mi vida en Malvinas por ser judío”, dijo.

De los hechos ya denunciados, junto a los padecimientos sufridos como la inmersión en aguas heladas, los estaqueamientos, las brutales golpizas y forzar a comer excrementos, la fiscalía agregó en esta ampliación los hechos de abuso sexual que sufrieron dos conscriptos.

En este sentido, el y la fiscal indicaron que los hechos delictivos previamente descriptos no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores. “Contrariamente, las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”, señalaron, y agregaron que “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.

Al respecto, citaron un fragmento de un informe emitido por el capitán de navío Eduardo Pérez Millán, dirigido al jefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada, en el que indicó que “pudo haber problemas de alimentación en el Ejército, pero más por inadecuada distribución que por falta de abastecimiento”. Acciones psicológicas Rapoport y Ramos señalaron que, tras el conflicto bélico, las fuerzas armadas implementaron, a través de múltiples acciones, una política tendiente al ocultamiento de aspectos relevantes sobre lo ocurrido, entre ellos, principalmente, las torturas infligidas a los conscriptos. Para ello, indicaron, entre otras medidas, dispusieron el control de la información mediante acciones psicológicas sobre los soldados e inteligencia ilegal sobre éstos y las organizaciones que los nuclean. En ese marco, surge de las distintas declaraciones que se obligó a los excombatientes a firmar documentos en los que se comprometían a guardar silencio. En su declaración testimonial, uno de ellos recordó incluso que lo amenazaron con hacerlo desaparecer si no firmaba. De modo simultáneo a las acciones psicológicas dirigidas contra las víctimas, se ordenó la prohibición de dar declaraciones a la prensa y se efectuó un control sobre lo que era publicado en los medios de comunicación. Además, se hizo seguimiento de exconscriptos y agrupaciones de veteranos que realizaron denuncias, indicó la fiscalía. También describió cómo, durante la guerra, desde el Estado Mayor Conjunto se terminó centralizando toda la información que se publicaba en medios periodísticos respecto de los hechos que ocurrían en Malvinas.