En una columna de opinión publicada este miércoles en El Economista, el ex secretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca, César Lerena, planteó su preocupación por la falta de un plan en torno a la Cuestión Malvinas por parte del Estado argentino, mencionando que al finalizar la guerra en 1982 "el Reino Unido tenía invadidos 11.410 km2 (Malvinas) y hoy tiene ocupados y explota 1.650.000 km2 de territorio marítimo e insular"

"Observo con atención en los últimos tiempos que hay una mayor atención en la cuestión Malvinas, desde la puesta en duda sobre su pertenencia hasta la reivindicación de derechos. En medio de ello, nuestros funcionarios se limitan a invitar a dialogar por enésima vez a Gran Bretaña y a resaltar las fechas conmemorativas, sin lograr un solo avance, mientras que los ingleses controlan cada día más nuestro territorio", señaló.

Y remarcó: "El próximo 40° aniversario de la recuperación de Malvinas nos encontrará peor que en 1982: el Mar Argentino está ocupado y hay una Secretaría de Malvinas inerte".

"En 1982, el Reino Unido tenía invadidos 11.410 km2 (Malvinas) y hoy tiene ocupados y explota 1.650.000 km2 de territorio marítimo e insular. Más de 100 buques que operan en Malvinas extraen 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros por un valor de US$ 1.000 millones anuales y, en todo el Atlántico Sur, más de 350 buques extranjeros se llevan anualmente un millón de toneladas por un valor de US$ 4.000 millones, el doble de las exportaciones argentinas. Si se hubiesen promovidos acuerdos entre empresas para la pesca de los recursos migratorios otro hubiese sido el desarrollo empresario y social de la Patagonia", detalló.

Lerena consideró que "ahora, el Gobierno ilegal de Malvinas está en proceso de construir un puerto en Malvinas que se constituirá en la puerta de acceso a la Antártida y de la logística de los buques que operen al sur del Mar Argentino, remplazando a Ushuaia y a otros puertos del litoral nacional. Desde la firma de los Acuerdos de Madrid (1989/90) los británicos se llevaron recursos migratorios argentinos por un valor de US$ 32.000 millones".

"Sin embargo los gobiernos no han tenido voluntad de desechar los Acuerdos de Madrid ni el Pacto de Foradori-Duncan (2016), puestos en ejecución sin aprobación del Congreso, en los que se incluyeron por primera vez las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Les permitió a los británicos avanzar los millones de km2 del mar referidos; regular el movimiento de las naves militares argentinas; facilitar la relación de Malvinas con Brasil y Chile y, con ello, el contacto comercial de las islas con el mundo e implementó la “fórmula del paraguas” que permite que Gran Bretaña avance y Argentina siga congelada", reprochó.

Lerena puntualizó además que "el abogado Marcelo Kohen, que hoy asesora al Presidente en el Consejo Nacional de Malvinas, elaboró en 2018 un plan que les permitiría a los isleños determinar -entre otras cosas- quiénes podían o no radicarse en las islas y, a los treinta años, tener un referéndum para determinar si adoptan la soberanía británica o argentina. Un plan que pondría en manos británicas la soberanía de Malvinas, ya que es de esperar que, si los isleños británicos son los únicos que votan, ocurriría lo que ya ocurrió en el referéndum ilegal de 2013, donde el 99% optó por continuar siendo súbditos británicos".

"Por su parte, Uruguay abre sus puertos a la pesca ilegal en el Atlántico Sur y tiene previsto para 2022 la habilitación del puerto pesquero Capurro para atender la operatoria y logística de los buques que pescan en el Atlántico Sur y en Malvinas y, licitación su operación, será de “empresas chinas”. Si ello ocurre, tanto Uruguay como Argentina, en los hechos, perderán el control de la pesca, en una región donde los buques chinos son mayoritarios, aunque se agregan también españoles, coreanos y taiwaneses. El Atlántico Sur está internacionalizado y ello dio lugar a la presencia de buques de las fuerzas armadas de Estados Unidos, bajo pretexto de controlar la pesca ilegal", indicó.

Asimismo, mencionó que en este contexto "debemos sumar la revitalización de algunas declaraciones que refieren a que las Malvinas no son argentinas, como es el caso de la precandidata a diputada Sabrina Ajmechet y de la reiterada declaración en ese sentido de Beatriz Sarlo. Llama la atención, en ambos casos, que se preocupen por supuestos derechos de 3.000 ocupantes de Malvinas y no por los millones de argentinos que han perdido casi todos sus derechos básicos, como la educación, el trabajo, la vivienda, etcétera. Estas declaraciones reflotan en coincidencia con el Brexit, donde el Reino Unido necesita fortalecer su pertenencia sobre los territorios de ultramar".

"Y debería agregar que todas las empresas que pescan en el Atlántico Sur y Malvinas pescan subsidiadas; las certificadoras internacionales de productos pesqueros avanzan para decirnos que empresa podrá o no exportar a los mercados; nuestro Congreso promueve un área Marina Protegida Agujero Azul que dará argumentos al Reino Unido para establecer nuevas restricciones a Argentina, impedirá la pesca argentina y encarecerá la gestión en lugar de darle los medios al INIDEP para que cumpla con la tarea de asegurar una pesca sostenible y todavía hay quienes promueven la creación de los OROP, que reafirmará al Reino Unido en la administración de aguas argentinas", explicó.

Para el especialista "hace casi sesenta años que los gobiernos argentinos promueven el diálogo y la cooperación unilateral, sin éxito. Argentina tiene recursos diplomáticos, económicos, técnicos, biológicos y empresarios para que, en forma pacífica, pueda cambiarse ese modelo que impide el desarrollo regional, la generación de empleo y el fortalecimiento nacional, para alcanzar mejores condiciones para estar más cerca de recuperar la integridad territorial con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los mares correspondientes, así como la disputa sobre la Plataforma Continental y la Antártida".