Este 30 de septiembre vence la prórroga del contrato de empleados estatales de la Administración Pública Nacional (APN). El Gobierno Nacional, a cargo de Javier Milei, se planteó estos plazos trimestrales para que cada área haga una reevaluación de su propia dotación y haga cesantías a los fines de reducir el tamaño de la planta pública.

Ante este contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un nuevo paro nacional para este jueves 26 de septiembre para pedir que se mantengan los 65.000 contratos de la APN que vencen a fin de mes y solicitar la restitución de los casi 30.000 empleados que fueron cesanteados en meses anteriores.

Vale aclarar que no hay un número exacto acerca de cuántas personas fueron desplazadas de la función pública. Según datos internos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 se registran 37.000 trabajadores públicos menos; aunque este número está sobredimensionado porque puede tomar renuncias y/o retiros voluntarios que no se suscriben al caso particular de las cesantías.

En ATE contabilizaban hasta el momento un aproximado de 28.000 personas cesanteadas. Javier Milei ha dicho en declaraciones públicas que ya hubo más de 30.000. El número es impreciso, pero fue el propio Presidente quien afirmó durante el mes de marzo que el objetivo era dar de baja 70.000 contratos para fin de año.

"Ni locos vamos a llegar a ese número", se resignaba una fuente de la Casa Rosada. Al llegar las fechas en las que se ponen en juego las cesantías, varios despachos lamentan la ambiciosa cifra que arrojó el jefe de Estado, a la que consideran "inalcanzable".

Las áreas que podrían contar con más despidos estatales

El mes de octubre comenzará con miles de trabajadores cesanteados. El número es todavía una incógnita. Incluso, altas fuentes de la Presidencia afirmaban que no esperaban que sea más alto que la renovación de contratos hecha en junio, en la que fuentes de ATE calcularon cerca de 5000 desplazamientos.

Distintas fuentes gremiales consultadas por El Cronista informaron que hubo ciertas áreas de la Administración Pública en las que ya informaron decenas de desvinculaciones.

Una de las jurisdicciones más afectadas -según las versiones gremiales- es el Ministerio de Justicia, todo eso en el contexto de la inminente finalización de las contrataciones de esa cartera con la Asociación de Concesionarias de la República Argentina. No se trata de cualquier entidad estatal, dado que a través de la ACARA se canalizan la relación laboral de casi 2500 trabajadores, casi lo mismo que decir un 40% de la planta ministerial.

Una alta fuente gremial aseguró que hay dos áreas puntuales donde ya registraban diversos casos de cesantías: uno de ellos es la Secretaría de Cultura -que próximamente dejará de pertenecer al Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello; y que formará parte de la Secretaría General de la Presidencia, de Karina Milei-, y otro es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). También afirman que habrá desplazamientos en el ex-Ministerio de Seguridad Social.

El Gobierno no espera llegar a los 70.000 empleados cesanteados para fin de año. Sin embargo, afirman que hay una única posibilidad para acercarse a esa cifra: con varias privatizaciones de empresas públicas (que no están incluidas dentro de la APN).

Por el momento, los gremios estatales afirman que se mantendrá en "estado de alerta" a la espera de que se reanuden las paritarias. Ya hubo una queja muy puntual de parte de esos sindicatos: y es que dejan trascender de que hay algunos funcionarios económicos que desean que la próxima paritaria converja al 0%. "Si hacen eso los vamos a prender fuego", advirtió una alta fuente sindical.

Días atrás se convalidó en el Boletín Oficial lo pactado de parte del Poder Ejecutivo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN): un 3% de incremento salarial, dividido en dos tramos: 2% en septiembre y 1% en octubre.