El gobierno busca revertir la ley del Impuesto a las Ganancias aprobada en octubre pasado con un proyecto que forma parte de la nueva versión de la Ley Ómnibus y en el que 1,5 millones de trabajadores volverían a pagar el tributo en alícuotas que van del 5 al 35 %. Además, dejarían de existir exenciones como la del aguinaldo, la que se le concede a las guardias médicas, horas extras y otras.

En detalle, según el análisis del Frente Renovador, liderado por el exministro de Economía Sergio Massa, el proyecto enviado por el Ejecutivo elimina el Impuesto cedular, es decir el gravamen a los mayores ingresos que separa a la cuarta categoría y la determinación de la escala progresiva actual; y se vuelve al esquema anterior al 2021.

Esto significa que 1,5 millones de trabajadores que hoy no tributan Ganancias volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5 al 35 %. El mínimo no imponible y las escalas del impuesto se actualizarán cada 3 meses por el Indice de Precios (inflación) en enero, abril, julio y octubre de cada año, manteniendo a ese universo bajo el tributo.

Así, los empleados en relación de dependencia que ganan más de $ 1.141.066 netos mensuales, en el caso de los solteros sin hijos, y más de $ 1.509.465 de bolsillo, en el caso de casados con cónyuge a cargo con 2 hijos, comenzarían a pagar Ganancias.

El análisis ejemplificó que a un trabajador soltero sin hijos, con un sueldo bruto de $ 1.800.000 que en la actualidad no paga el impuesto le retendrán $ 80.000 mensuales. En tanto, un trabajador soltero sin hijos con un sueldo bruto de $ 2.340.000 pagará $ 243.000.

Una novedad del proyecto del Gobierno es que incorpora como parte de la base imponible del impuesto todos los pagos recibidos por los trabajadores en relación de dependencia y no se aplicarán para el cálculo del impuesto exenciones o reducciones establecidas por otras normativas. Se dejan sin efecto las siguientes exenciones y deducciones:

— La exención del bono por productividad, fallo de caja o conceptos similares (hasta 40 % del Mínimo no Imponible).

— La exención de los suplementos particulares para el personal militar.

— La exención del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

— La exención para las remuneraciones en concepto de guardias para el personal de salud.

— No será aplicable ningún tipo de exención, desgravación, que se establezca por ley, excepto para los trabajadores petroleros (personal de pozo, ley 26.176).

— La deducción por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas.

— Se elimina el tratamiento diferencial para las horas extras gravadas.

— El proyecto deroga el incremento del 22 % en las deducciones para los trabajadores y jubilados que residen en la zona patagónica. Esto afecta a los trabajadores y jubilados de la provincia de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Entre los principales sectores afectados se encuentran 210.734 trabajadores de la industria manufacturera (incluye aceite y harina soja), 157.459 de transporte, 125.493 de comercio, 56.827 de intermediación financiera y 31.965 de la construcción.

En la actualidad, con la ley 27.725 vigente, solo pagan Ganancias 130.000 empleados (CEOs, Gerentes, jubilaciones y pensiones de privilegio). El impuesto se aplica a las mayores remuneraciones y jubilaciones y pensiones de privilegio, que superen el equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles mensuales (hoy equivalente a $ 2.340.000). Se había eliminado la cuarta categoría, lo que eximía del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes.

"El impuesto a las Ganancias estuvo siempre y fue un error quitarlo, existe en todos los países. Está dentro de los temas a tratar. Cuando se derogó, con fines meramente electoralistas, lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias. Está previsto tratar Ganancias", aseguró el ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre semanas atrás justificando la vuelta del tributo.

La reversión de la norma va en línea con el objetivo del Gobierno de llegar al equilibrio fiscal en 2024: eliminar las modificaciones aportaría al Tesoro Nacional 0,4 % del PBI, según cálculos publicados por el Palacio de Hacienda.