Parte de la negociación abierta entre el Ministerio de Economía y los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que discuten el futuro del acuerdo de Facilidades Extendidas, será concentrarse en un dato concreto. Y, para el organismo financiero, fundamental. El costo concreto y final que tendrá para las arcas púbicas la moratoria previsional que ya comenzó a recibir adhesiones.

Concretamente, la discusión puntual es sobre si el impacto final para el 2023 será, como promete y ratifica el equipo de negociadores ante el Fondo, cercano (o no muy lejano) al 0,2% del PBI. O si, según creen desde Washington, el porcentaje final no bajará del 0,6% del producto.

La diferencia no es menor. Se trata de aproximadamente una distancia de entre 200.000 a 300.000 millones de pesos, dinero que pasaría a engrosar los renglones del déficit fiscal, la última meta que el FMI quiere negociar.

Si bien se aceptó en el organismo la discusión de todo el esquema del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente desde el 25 de marzo del año pasado, incluyendo eventualmente el 1,9% de desequilibrio fiscal prometido originalmente, el FMI le dejó en claro a los negociadores argentinos que ése es el último criterio que se quiere discutir. De ahí la importancia del debate abierto por la moratoria.

Según el Gobierno argentino, la moratoria está ya hablada con la número dos del FMI, la norteamericana de origen indio Gita Gopinath, quien en sus reuniones con los argentinos de la semana pasada en la cumbre de Primavera del FMI y el Banco Mundial no prohibió ni se manifestó abiertamente en contra del llamado a regularizar incumplimientos previsionales, sino que reclamó conocer el costo final previsto y su fuente de financiamiento.

Originalmente, la moratoria, según los cálculos de los legisladores oficialistas, iba a tener un costo final de 0,2%, mientras analistas privados y opositores elevaban ese porcentaje a más de 0,6%. Ante el panorama, los responsables del Fondo que tratan el caso argentino pidieron hace ya un mes más precisiones sobre el nuevo régimen, antes de sacar conclusiones.

Pero Gopinath, que en general no suele condenar ni censurar propuestas de asistencia social siempre que se demuestre que pueden ser financiables o no alteres metas fiscales, le dio al equipo económico la oportunidad de mostrar números antes de sacar conclusiones.

El Palacio de Hacienda se comprometió, y cumplirá, a llevar esos datos al debate en los 20 días de discusiones que comenzaron el lunes, y que deberían derivar en un acuerdo final durante mayo para saber cómo siguen los compromisos argentinos ante el FMI. Y, lo más importante para Buenos Aires, qué tan profunda es la flexibilización de las metas y objetivos que se imponen desde la sede del organismo.

En lo referente a la moratoria, puntualmente. Lo que quiere saber el equipo que fiscaliza al país desde Washington es el costo fiscal de incorporar al sistema jubilatorio a las casi 800.000 personas que, según la nueva norma, podrían sumarse al régimen previsional vigente. Y si éste es sostenible con la evolución del déficit ante un panorama de pérdida de recaudación por las consecuencias de la sequía. La clave en realidad es que es difícil que ese número sea el que pueda ingresar, y que la cifra final será sensiblemente menor.

Desde Buenos Aires se asegura que no habrá que aumentar el gasto previsional (ya quebrado entre ingresos y erogaciones) más de un 0,2% del PBI, y que recién a ese porcentaje se llegaría a mediados de 2024. Afirman además desde el Palacoi de Hacienda que ese gasto podría incluso ser menor ya que habría menos personas que tramitarían sus jubilaciones a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a aquellos que no están en condiciones de jubilarse, la cual otorga un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Sobre la pérdida de recaudación sobre la inflación de casi 10 puntos porcentuales en promedio durante el primer trimestre del año, desde el Ministerio de Economía se afirma que esa situación es coyuntural, y que para abril habrá otra vez una relación superavitaria entre recaudación y alza de los precios, gracias al ritmo liquidador del dólar agro.

Para el FMI, que se logre esta promesa será clave para no cuestionar la nueva moratoria, ya que, afirman desde Economía, cuando se retome el ritmo positivo el gasto para los nuevos jubilados distribuidos a lo largo de los próximos meses, será de impacto nulo en las cuentas fiscales.

Según la visión de los negociadores locales con Washington, habrá otros datos más complicados que analizar con el FMI. El primero será que la proyección del FMI sobre la inflación de este año no se desprenda mucho más allá del 60% original.

Además, el organismo debe aceptar el programa oficial de reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, la estrategia de reactivación del ingreso de divisas del BCRA, el plan de racionalización del esquema cambiario argentino y la defensa de la premisa que este año el país crecerá de manera real. Todas premisas hoy en crisis y habilitadas para la negociación por la gestión directa y personal de la subdirectora del Departamento de Estado de EEUU, Wendy Sherman.