En el marco de la legislatura provincial se discutió el presupuesto del Poder Judicial para el 2025, generando expectativas y tensiones en el sector. Según Alicia Ponce, Secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales de Tierra del Fuego, el panorama es complejo y refleja años de postergación salarial, especialmente en los niveles más bajos del escalafón.
"La reducción de 8.000 millones de pesos en la masa salarial acordada el 25 de octubre genera incertidumbre. Solicitamos una audiencia al presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Sadas Tume, para conocer el impacto de este recorte, pero aún no tenemos respuesta", afirmó Ponce. Además, destacó que el presupuesto no contempla ingresos significativos, aunque se estiman 49 nuevos puestos sin previsión de jubilaciones masivas.
El sindicato también enfrenta lo que describen como una "práctica desleal" por parte de su empleador. Ponce expresó que la politización del Poder Judicial ha deteriorado la administración de justicia: "Hoy el Poder Judicial está atravesado por el poder político. Incluso se vive la elección del próximo presidente del Superior Tribunal como si fuera la del gobernador".
La brecha salarial entre empleados y ministros del tribunal es una de las principales críticas del gremio. "Es aberrante la diferencia entre lo que ganan los ministros y los empleados. Solo representamos el 6% del presupuesto provincial, pero no vemos mejoras salariales proporcionales", señaló Ponce.
La sindicalista también apuntó contra la falta de transparencia en la gestión judicial, mencionando casos donde se han filtrado detalles de causas judiciales que deberían estar bajo secreto de sumario. "Esto refleja una crisis de confianza y seriedad en la institución. Nosotros como trabajadores nos sentimos avergonzados", manifestó.
Frente a este escenario, Ponce dejó en claro que el próximo año será de lucha: "No vamos a garantizar el ingreso normal y habitual de nuestras tareas si no resolvemos esta situación. El reclamo comenzará desde el inicio del 2025".
El conflicto en el Poder Judicial no solo expone problemas internos, sino que también pone de manifiesto el impacto de las decisiones políticas en la calidad del servicio de justicia que reciben los ciudadanos de Tierra del Fuego.
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