El gobierno de La Libertad Avanza logró este miércoles asegurar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. La votación, que requería el apoyo de dos tercios de los presentes, terminó con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones.

A pesar de las protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió por segunda vez en menos de un mes, desde el 11 de septiembre cuando se ratificó el veto sobre jubilaciones, reunir el número necesario de legisladores para sostener la decisión presidencial. En aquella ocasión, el presidente Javier Milei elogió a los 87 diputados que respaldaron su postura, a quienes calificó de “héroes”.

En la votación de este miércoles, La Libertad Avanza fue apoyada por sus aliados del Pro, salvo dos disidentes, además del MID, Independencia, CREO y cuatro diputados de la UCR. Entre los que votaron a favor de la ley se encontraban Unión por la Patria, la mayoría de la UCR, Encuentro Federal, un sector de Innovación Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz (dividido), Producción y Trabajo, el Movimiento Popular Neuquino y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

El contenido de la Ley

La ley, que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó tendría un costo fiscal del 0,14% del PBI, exigía que el Poder Ejecutivo actualizara las partidas presupuestarias de 2024 para garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales. Además, estipulaba que el Gobierno debía recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario desde el 1 de diciembre de 2023, tomando en cuenta la variación inflacionaria registrada por el INDEC durante ese periodo. A partir de la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, los salarios debían ser ajustados mensualmente de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

El argumento del veto presidencial

El veto fue oficializado el 3 de octubre mediante el decreto 879/24, justo un día después de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades. El Gobierno argumentó que la ley era "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente", ya que no consideraba el impacto fiscal ni indicaba la fuente de financiamiento. El Poder Ejecutivo también acusó al proyecto de ser un intento político de dañar al gobierno, más que de asegurar el financiamiento de las universidades nacionales.