La Cámara de Diputados aprobó y giro en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.
Los legisladores que se abstuvieron fueron Carlos Zapata y Paula Omodeo de JXC, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho, e Itai Hagman.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
En qué consiste la iniciativa
La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo al dictamen de mayoría, la Unidad de Información Financiera podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó la pena de $ 300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Uno de los temas de mayor debate fue la incorporación de los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosos, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
EL FRENTE DE TODOS SUMÓ A PARTIDOS PROVINCIALES PARA APROBAR LA LEY SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
El oficialismo de la Cámara de Diputados contó con el respaldo de los bloques referenciados en los Gobiernos provinciales de Misiones y de Río Negro y del electo gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para reunir los 111 votos.
En tanto que Juntos por el Cambio, que dividió sus firmas en dos dictámenes diferentes, finalmente logró unificar el voto negativo para mostrarse unido en el recinto, aunque no logró evitar que dos de sus integrantes optaran por la abstención y otros decidieran ausentarse.
De los 116 miembros de Juntos por el Cambio, 85 cumplieron con lo acordado como estrategia y votaron por la negativa; los representantes de Ahora Patria y Creo Tucumán se abstuvieron y 29 no participaron de la instancia definitoria.
Entre los 96 votos de rechazo a la norma, se contabilizaron también seis del interbloque Federal; los cuatro de la Izquierda y el del liberal José Luis Espert.
En relación a las abstenciones, a las mencionadas de Juntos por el cambio, se sumaron las de tres integrantes del Frente de Todos: Federico Fagioli, Itaí Hagman y Natalia Zaracho, por "no estar de acuerdo con la agenda impuesta por el Fondo Monetaria Internacional".
Por último, además de las 29 ausencias de integrantes de Juntos por el Cambio, se registraron también las de ocho miembros del Frente de Todos; dos de Córdoba Federal; dos de Ser-Energía; la monobloquista Carolina Píparo y los libertarios Victoria Villarruel y Javier Milei.
El debate
En el cierre del debate, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, aclaró: "Nunca me llamó el ministro de Economía para decir que acelere el tratamiento de esta ley y nunca me insinuaron que el FMI quiere esta ley, pero si hay evaluación del GAFI que tiene fecha y se va a realizar".
"Llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política en Argentina hace que los acuerdos duren poco. Escuchamos todos los aportes, introdujimos más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques. No se pudo, pero no fue por falta de generosidad por los diputados del Frente de Todos que negociaron, ni por la mala fe de los opositores que se decidieron a transitar el camino de la búsqueda de consensos", agregó.
Desde Juntos por el Cambio, el presidente de la UCR Mario Negri aclaró que la coalición opositora "rechaza en general el proyecto de ley de Lavado de Activos porque el oficialismo no quiere la autonomía e independencia total del poder político de la Unidad de Investigación Financiera. Es imperativo que la UIF pueda combatir delitos complejos sin interferencias políticas".
Al abrir el debate y explicar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy, dijo que "el país debe ser evaluado por la GAFI y es importante sancionar esta ley" ya que "ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado, como por su calidad de miembro de estas organizaciones".
Godoy dijo que del armado del proyecto "han participado todos los sectores del Estado vinculados a la prevención del lavado", entre los que mencionó la Unidad de Información Financiera, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del BCRA, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema Justicia
Por su parte, la legisladora del Frente de Todos, Mónica Litza, afirmó: "Para nuestro país es relevante adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que sugiere y aconseja el GAFI. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde los delitos son de acción interjurisdiccional".
Por su parte, la diputada del FDT Natalia Zaracho (Frente Patria Grande) que se abstuvo argumentó que "otra vez a las apuradas, otra vez un organismo internacional nos impone una agenda, que no tiene nada que ver con la realidad y las urgencias de nuestro pueblo. Se está discutiendo una ley que no le va a transformar la vida a la gente en el corto plazo. No la vamos a acompañar"
La legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, señaló que advirtió que "a los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris"
Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace señaló que "la UIF tiene que tener una autonomía e independencia funcional que se tiene que llevar a la práctica. Hoy la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo, donde este no cumple con los estándares que marca la UIF".
A su vez, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño dijo que "necesitamos una UIF con un compromiso real para luchar contra los delitos que se desarrollan en nuestro país porque si no, nunca jamás vamos a pelear desde una ley contra el narcotráfico"
En tanto, la legisladora de izquierda Myriam Bregman dijo que "esta ley es parte de la legislación antiterrorista en el mundo y ya se demostró para qué es usada. Además la UFI no nació para combatir el lavado, sino para controlar los movimientos financieros y políticos de nuestro país".
HOMENAJE A MATÍAS MAZÚ, FALLECIDO EN SANTA CRUZ
La Cámara de Diputados rindió homenaje a Matías Mazú, jefe de la bancada de diputados provinciales del Frente de Todos (FdT) de Santa Cruz, quien falleció en las últimas horas en un accidente con su camioneta cuando se dirigía desde Río Turbio a Río Gallegos.
En el marco de la sesión que se desarrolla en la cámara baja, la diputada del FDT por Santa Cruz, Paola Vessvessian, afirmó que "el luto envuelve a la comunidad de Río Turbio que fue testigo de su incansable trabajo, solidaridad y compromiso con una sociedad más justa" y destacó la "enorme calidad humana" del legislador.
Vessvessian aseveró que Mazú fue "un gran militante un querido vecino y un compañero ejemplar" y dijo que "se fue demasiado temprano", a la vez que señaló: "Si pudiera hablar con él le diría: Turco, quedate tranquilo que somos miles los que estamos dispuestos a continuar con tu obra".
A su turno, el diputado nacional del FDT, Gustavo González, manifestó su "dolor profundo" por la muerte de Mazú y destacó que el legislador "demostró siempre su compromiso con las banderas de nuestro movimiento".
En ese sentido, González hizo referencia a la "inesperada" muerte del jefe de bloque del FDT en Santa Cruz y dijo que "se nos fue un dirigente, un militante muy querido, combativo, fiel a sus convicciones y a nuestro proyecto. Peronista como pocos", concluyó.
La mañana de este miércoles, en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó "consternación" y "mucha pena" por la muerte de Mazú y escribió: "Querido Turco Mazú, veo tu cara en los portales y me cuesta aceptar lo que dicen las palabras. Consternación y mucha, pero mucha pena. Un abrazo infinito a Abigail y a toda tu familia".
Mazú fue encontrado muerto en su vehículo siniestrado en la ruta provincial 5, en el departamento de Güer Aike, en el extremo sur de la provincia patagónica.
Según pudo reconstruir Télam de fuentes allegadas al caso, el presidente de la bancada del FdT partió el lunes pasadas las 19.30 con destino a esta capital, pasó por el paraje La Esperanza cerca de las 21 y desde entonces se perdió el contacto con su familia.
El vehículo, una Toyota Hilux, no registró su paso por el lector de patentes del centro de monitoreo de Río Gallegos, donde debía abordar este miércoles un vuelo con destino a Buenos Aires, para realizar gestiones, junto al ministro de Gobierno, Leandro Zuliani.
Desde la Casa de Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, se ordenó el rastrillaje por la zona, y la camioneta fue encontrada el martes por la tarde a pocos kilómetros del paraje de Güer Aike, con el cuerpo del legislador en su interior, dijeron los voceros.
Mazú fue intendente de Río Turbio y ministro de Desarrollo Social de la provincia, en 2019 renovó su banca de diputado y presidía la bancada del FdT, además del Parlamento Patagónico que reúne a legisladores y legisladoras de la región y recientemente sesionó en El Calafate.
El Gobierno de Santa Cruz lamentó el deceso de Mazú y comunicó el Decreto Provincial 385/23 por el que la gobernadora Alicia Kirchner resolvió "para honrar su memoria, el Poder Ejecutivo decreta tres días de duelo para la provincia y banderas a media asta". El Poder Legislativo comunicó su adhesión a la medida.
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