El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha decidido impulsar la eliminación del aporte mensual obligatorio que las empresas de comercio y servicios deben realizar a las cámaras empresariales que las representan, a pesar de que no puede hacerlo mediante una resolución oficial. Este aporte está establecido en el convenio colectivo del sector y se renueva anualmente, por lo que el Gobierno analiza la mejor estrategia para lograr su eliminación, ya que no es un costo impuesto por el Estado, sino un acuerdo entre las cámaras empresariales.

Actualmente, las empresas deben aportar alrededor de $4.000 por trabajador a entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lo que se traduce en una recaudación mensual de aproximadamente $4.000 millones. Estos fondos se destinan a actividades, capacitaciones y al mantenimiento de las sucursales de las cámaras en todo el país. Sin embargo, algunas fuentes del sector estiman que el monto real recaudado es inferior, rondando los $2.500 millones, ya que muchas empresas no cumplen con el pago. La intención del Gobierno es que este aporte sea voluntario y que las cámaras se financien con las cuotas de sus empresas socias.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) fue una de las primeras en cuestionar estos aportes, emitiendo un comunicado en el que criticaba la obligatoriedad de contribuciones como la destinada al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). Según el Convenio Colectivo Mercantil 130/75, las empresas deben realizar un aporte del 0,5% sobre el salario de cada trabajador registrado, lo que representa unos $4.000 mensuales por empleado, cifra que aumenta con cada incremento salarial.

Cadam argumenta que estos aportes no generan beneficios visibles para los empleados y solicitó al Gobierno que elimine esta contribución, junto con otras obligatorias, como las aplicadas a sectores como el vitivinícola y el metalúrgico. En su comunicado, la entidad cuestionó la falta de transparencia sobre el uso de los fondos recaudados, que se estima en unos $60.000 millones anuales.

Por su parte, las cámaras empresariales, como la CAME y la CAC, están negociando con el Gobierno para evitar una eliminación abrupta de estos aportes, proponiendo una reducción gradual para no desfinanciar las actividades que realizan en todo el país. Además, sugieren que también se debería eliminar el aporte obligatorio que reciben los gremios.

El sector metalúrgico, representado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), también enfrenta críticas por un aporte obligatorio del 1% sobre la masa salarial de las empresas, establecido en un convenio con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en 2001. A pesar de fallos judiciales que favorecen a algunas empresas, la Adimra sigue exigiendo el pago de este aporte.

La controversia sobre estos aportes empresariales obligatorios pone de relieve un debate sobre la financiación de las entidades gremiales y empresariales, y el Gobierno busca una solución que permita equilibrar las demandas del sector privado sin desfinanciar a las instituciones que los representan.