La reciente emisión del decreto 70/2025 ha generado un ambiente de incertidumbre en el sector, al eliminar la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Gobierno Nacional. La arquitecta Laura Montes, presidente del IPV, explicó que esta reestructuración afecta a todos los organismos del país, ya que se fusionan funciones y se pierde la palabra “vivienda” en la organización nacional, quedando una Secretaría de Obras Públicas que ahora agrupa aspectos de regularización dominial, infraestructura y algunas obras de carácter habitacional.

Según Montes, la desaparición de lo que fue el Ministerio de Vivienda y Hábitat —que el año pasado operaba como una subsecretaría dentro de Economía— complica significativamente la labor diaria. “Las respuestas llegan con mucha demora, y actualmente no contamos con un interlocutor definido hasta que se establezca una nueva estructura organizacional que nos permita continuar con las adendas y el financiamiento mixto que habíamos acordado”, subrayó. La arquitecta lamentó además que, a pesar de tener cerca de dos mil millones ya rendidos a la nación, aún se esperan respuestas claras sobre el nuevo esquema de funcionamiento.

En gobiernos anteriores, se trabajó con distintos planes nacionales de vivienda, implementando programas como Casa Propia, Casa Activa, Reconstruir y PROCREAR (este último gestionado por los municipios). Frente a esta situación, el IPV se ha centrado en culminar las viviendas que ya están en ejecución, priorizando la finalización de proyectos en curso en lugar de iniciar nuevos desarrollos.

El impacto de esta reestructuración se hace evidente en el hecho de que, en 2022, se licitaron más de dos mil viviendas, proyecto que terminó colapsando. “Nos quedamos con las tierras y ahora estamos trabajando en la división de mensuras para generar lotes con servicios, transformando macizos destinados a viviendas colectivas en espacios aptos para la urbanización”, detalló Montes. Este proceso se complementa con el esfuerzo por terminar las 414 viviendas que ya se encuentran en distintas etapas de ejecución.

La presidenta del IPV advirtió que la decisión política a nivel nacional parece orientada a dejar de construir viviendas. “Asumo que una vez estabilizada la economía, se impulsarán créditos que faciliten el acceso a la casa propia. Mientras tanto, terminaremos los proyectos pendientes y, posteriormente, nos enfocaremos en desarrollar infraestructura y hábitat, generando lotes urbanizados”, concluyó.

En definitiva, la reorganización del aparato estatal y la ausencia de una estructura clara para el financiamiento y ejecución de obras habitacionales han dejado al sector en un estado de espera y adaptación, mientras los organismos afectados se preparan para nuevos desafíos en el futuro inmediato.