Este lunes, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca implementar el divorcio simplificado cuando ambas partes acuerdan la disolución del matrimonio. La propuesta pretende que estos procesos se realicen en sedes administrativas o civiles, evitando así la judicialización, que tiende a ser más costosa y lenta.

Según el Ministerio de Justicia, el proyecto, elaborado bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, tiene como objetivo reducir los tiempos y los costos asociados al proceso judicial de divorcio. "El tiempo que insume el proceso judicial impide a las partes disponer libremente de algunos de sus bienes", señala el documento. Asimismo, se menciona que la alta cantidad de divorcios judicializados sobrecarga innecesariamente los tribunales, ralentizando el sistema judicial y generando costos adicionales para los contribuyentes.

El divorcio administrativo, según el proyecto, permitiría a los cónyuges terminar su vínculo de la misma forma en que lo iniciaron: de mutuo acuerdo, mediante un trámite simple ante el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Este sistema ya se implementa en varios países, como Brasil, Portugal, México, Colombia y Japón, entre otros.

El texto del proyecto también rebate las críticas históricas que señalan que facilitar el divorcio pone en riesgo la familia y la sociedad. Según el documento, los estudios realizados desde la sanción de la ley 26.994, que en 2014 flexibilizó las condiciones del divorcio, demostraron que no es el acto del divorcio lo que afecta a los hijos, sino el deterioro de la relación matrimonial, sea con o sin separación formal.

Este nuevo sistema promete mayor libertad, rapidez y un proceso menos oneroso para quienes deciden poner fin a su matrimonio en buenos términos.