Adorni explicó que estas medidas buscan establecer un marco más razonable y seguro, tanto en el sistema carcelario como en la atención médica a menores. En relación con los traslados en las cárceles, destacó un caso en Córdoba donde un detenido, tras declararse mujer, cometió abusos en una cárcel femenina. Esto evidenció, según el vocero, las falencias del sistema actual, que según él, ha sido explotado por criminales. "La seguridad de todas las detenidas será nuestra prioridad", afirmó.

En cuanto a los tratamientos hormonales a menores, el Gobierno cita preocupaciones por la salud física y mental de los niños, argumentando que los efectos de estos tratamientos pueden ser irreversibles y perjudiciales a largo plazo. Adorni hizo referencia a decisiones similares tomadas por países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos, quienes han restringido estos procedimientos para proteger a los menores.

El documento oficial emitido posteriormente reiteró el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de los niños, calificando la imposición de tratamientos de cambio de género en menores como una forma de abuso infantil. "Los niños carecen de la madurez necesaria para tomar decisiones sobre tratamientos irreversibles que pueden resultar en la mutilación de órganos sanos", se lee en el comunicado.

Además, se especificó que el alojamiento de detenidos en cárceles se determinará según el sexo registrado al momento del delito, y que ningún individuo podrá cambiar de establecimiento penitenciario usando el cambio de género como justificación, especialmente en casos de delitos sexuales o violencia contra mujeres.

Estas medidas, según el Gobierno, son pasos hacia la promoción de la igualdad ante la ley y el cese de abusos bajo el amparo de políticas de género.