El Gobierno de Javier Milei reglamentará un arancel para los extranjeros no residentes en las universidades públicas. Se modificará la Ley de Educación Superior para que cada Casa de Estudios, si así lo decide, pueda cobrar a inmigrantes por estudiar allí. La iniciativa era parte de la Ley Bases.

La decisión se toma al otro día de la marcha universitaria que se realizó en contra del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Quienes vienen a estudiar a nuestro país, no se quedan y no pagan ningún impuesto, es razonable que hagan alguna contribución”, manifestó en el programa ¿La Ves? de TN el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Por algo están viniendo para acá, en sus países no debe ser tan accesible”, agregó Menem. La comparación de la situación con Chile es elocuente: para estudiar la carrera de Arquitectura se necesitan US$ 6.107 más US$ 203 de matrícula.

De acuerdo al Ministerio de Educación, en el 2015 eran casi 56.000 extranjeros. El crecimiento es constante y exponencial: en el 2017, 74.000.; en el 2019, 100.382 y en el 2021, 117.820.

En el Gobierno sostienen que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes. Señalan además que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.

Durante el inicio del debate de la Ley Bases se buscó modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, para que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquellos estudiantes que no sean “ciudadano argentino nativo o por opción”. La misma regla se aplicaría para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.

“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaró en aquella oportunidad. Sin embargo, este punto fue excluido durante el extenso debate que culminó en la aprobación del proyecto.

En tanto, en el Ejecutivo sostienen que la intención del gobierno no es desfinanciar el sistema, sino obligar a las autoridades universitarias a que rindan el detalle preciso del uso de los fondos que reciben.