La gestión económica de los últimos 40 años atravesó distintos modelos, desde el Estado regulador a la apertura total, pero la Argentina nunca termina de encontrar un rumbo de crecimiento y mejora socioeconómica. Es un país con indicadores por debajo del promedio de la región, dependencia estructural para el desarrollo industrial y la exportación, y pauperización de los indicadores sociales.

La actividad económica fue afectada por distintas crisis estructurales internas, sumadas a las internacionales: todas terminaron afectando el poder adquisitivo, llevaron los índices de pobreza y desocupación a altos niveles que terminaron afectando la calidad de vida de la población.

Recurrentes escaladas inflacionarias, devaluaciones, cambio de monedas, sistemas monetarios alternativos con bonos o patacones, hasta un sistema de trueque y crisis internacionales que impactaron en el país, frenaron el desarrollo y lo llevaron a la Argentina cada vez más lejos de los estándares internacionales de progreso social.

La mayoría de los presidentes del período llegaron al poder con una gran base de sustento en las urnas, pero la clase política en los 40 años de democracia mostró un total desconcierto y la falta de consenso en políticas de Estado imposibilitó un desarrollo continuado.

Todos debieron lidiar con la abrumadora carga de la deuda externa y la presión constantes de los acreedores privados internacionales y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionaron las políticas económicas y la posibilidad de progreso sostenido.

PIB: un crecimiento insuficiente.

El comportamiento de la economía argentina en las últimas décadas no ha sido satisfactorio, especialmente porque su crecimiento fue mediocre y la distribución del ingreso personal, regional y funcional desmejoró notablemente.

En 1983, la economía argentina tenía un Producto Interno Bruto valorado por el Banco Mundial en US$ 103.979 mil millones y en el último año llegó a US$ 630.277 mil millones, pero esa mejora no alcanzó para revertir la situación social.

Hoy el país tiene valores más bajos de desigualdad que Brasil, México y Chile. Aunque sus índices de desarrollo humano son superiores al promedio de la región y cercanos al promedio de la OCDE, hoy ocupa el puesto 48 entre 180 naciones y estas condiciones sociales se vinculan con instituciones de protección laboral y social más altas de la región, pero aún la deuda social sigue en pie.

Industria y poder adquisitivo de los salarios.

El poder adquisitivo de los salarios retrocedió un 40%, desde el retorno de la democracia, impactada por la expansión del empleo no registrado (el récord de desempleo fue 49,5% en el 2003), la tercerización y la expansión de la población desocupada, en distintos períodos.

Esta baja salarial, sin embargo, no generó un aumento de la competitividad industrial en términos de baja de costos con la comparación internacional, que le hizo perder a la industria competitividad en términos de exportación, perdiendo mercados y trasladando a precios del mercado interno los costos de los insumos internacionales, que impusieron las distintas devaluaciones y la suba de precios globales por distintas crisis mundiales, que continuaron alimentando la inflación local.

Pese a ser más grandes y eficientes, las empresas siguen siendo poco competitivas, no hubo desindustrialización, pero sí procesos de concentración y centralización del capital como producto de una pérdida de competitividad en el mercado mundial.

Siguen necesitando salarios bajos como mecanismo para compensar su ineficiencia, aunque no les alcance para potenciarse como exportadores.

Según datos del Banco Mundial, medido en dólares, el salario mínimo vital y móvil se ubicaba en 1983 en US$72,20, alcanzó su máximo en el 2015 con US$546 y se sitúa en US$120 en la actualidad. Si se toman los salarios promedio de la economía en 1983, llegaban a US$400 per cápita, retrocedieron a US$134 durante la hiperinflación, para subir a US$1.840 en la Convertibilidad, volver a caer a US$419 en la crisis del 2001, subir a US$1.832 en 2017 y bajar a US$440 en la actualidad, tras las sucesivas devaluaciones.

Actualmente en la región los salarios en la Argentina se encuentran en el cuarto lugar después de Uruguay con US$545 dólares, Chile US$511 y Ecuador, US$450, con la cotización oficial, mientras que medido con el dólar blue el país se ubica en el décimo lugar con US$203.

La inflación nunca derrotada.

En 1989 se alcanzó la máxima tasa de inflación del país, con una hiperinflación de 3.079%, registrándose también una devaluación histórica: el tipo de cambio registró un aumento de 4.771% anual.

Con la Ley de Convertibilidad del 1991, que fijó la paridad con el dólar, se inició un período de reducción de la inflación y posterior estabilización del nivel de precios, incluso con años de deflación.

Sin embargo, en la Presidencia de Carlos Menem fue elevada: de 69,7% anual. La suba de precios fue alta en su primer mandato (147,5% anual) y nula en el segundo por la convertibilidad (0% anual).

Por la recesión de finales de los años noventa, durante los dos años de la Presidencia de Fernando de la Rúa la variación de precios fue negativa, con una tasa anualizada de -1,1%.

La devaluación de 2002 impactó en el nivel de precios durante la gestión de Eduardo Duhalde, que tuvo una inflación anualizada de 29,3%.

Tras un período de estabilidad de precios, con Néstor Kirchner, la inflación volvió a ser un tema de preocupación, desde 2007, cuando la tasa anual superó el 20% y caracterizaron a la mayor parte de los gobiernos de Cristina Kirchner.

La administración de Mauricio Macri, enfrentada a los efectos inflacionarios de la unificación cambiaria y la actualización de las tarifas de los servicios públicos, llevó el índice de precios a más del 50% anual y se triplicó en la actual gestión de Alberto Fernández.

La pobreza igual que en 1983.El INDEC informó que en el primer semestre de 2023 el 40,1% estaba por debajo de la línea de pobreza, casi el doble del 22% que recibió el Gobierno de Alfonsín, marcando uno de los mayores fracasos del sistema democrático.

En 1985 ya con casi dos años del mandato de Alfonsín bajó al 14%, pero en mayo de 1989 subió al 20% y en octubre de 1989, apenas dos meses después de la asunción de Carlos Menem, llegaba al 38%, asociada a la hiperinflación. Menem logró bajar la pobreza en su primer mandato y llegaba al 22%, debido al control del proceso inflacionario mediante la convertibilidad.

En el segundo mandato volvió a aumentar y para octubre de 1999 afectaba al 27%, según el INDEC. En la Presidencia de De la Rúa la pobreza aumentó nuevamente y en octubre de 2001, meses antes de que renunciara, alcanzaba al 46% de la población.

Tras la sucesión de presidentes, en octubre de 2002 y ya bajo el mandato de Eduardo Duhalde, la pobreza siguió aumentando y llegó al 66%.

En 2003, cuando Duhalde entregó el poder a Néstor Kirchner, la pobreza era del 62%, pero el santacruceño logró bajar este indicador al 37% en el segundo semestre de 2007, debido principalmente a las políticas de recomposición de ingresos.

En la gestión de Cristina Kirchner, en medio del debate por la manipulación de los datos oficiales, bajó al 28%, pero en su segundo mandato la pobreza aumentó nuevamente hasta el 30%. Volvió a subir al 40,8% en la gestión de Mauricio Macri. El desempleo, con altibajos volvió a un dígito. Carlos Menen había heredado de Alfonsín una tasa de desocupación de un dígito.

La Administración radical se inició con un 4,7% pero llegó al fin del mandato al 7,6% en 1989. En la mitad del primer mandato se aceleró al 9,6% en 1993. En 1994, ya con el Plan de Convertibilidad se anotó la primera tasa de desocupación de dos dígitos (11,4%) y se potenció a 17,5% al siguiente, por la denominada "crisis del Tequila". En 2000 con el Gobierno de la Alianza, el indicador alcanzó un pico que elevó el promedio del año a poco más de 18% y en 2002 se registró el récord de 19,7%.

En mayo de 2003, Néstor Kirchner logró encauzar la economía y el desempleo cayó sostenidamente a una tasa de un dígito (8,5%). El Gobierno de Cristina Kirchner no logró mantener el ritmo de creación neta de empleos y el desempleo se aceleró a 8,7% en 2008 y 11,5% en el siguiente y culminó su gestión con un 10,5%.

Tras la asunción de Mauricio Macri, hubo dos años consecutivos de disminución del desempleo, hasta 8,4% en diciembre de 2017: su mandato finalizó con un 8,9%. En la gestión de Alberto Fernández, la desocupación trepó hasta el 13,7% en el tercer trimestre del 2020, en una economía paralizada por la pandemia, pero su gestión culminó con un 6,2%, dos puntos porcentuales por arriba del año de retorno de la democracia.