El diputado mendocino Álvaro Martínez propone endurecer el Régimen Penal de Minoridad, que prevé sanciones desde los 16 años. Es la iniciativa más osada de las que se presentaron. Sostuvo que "la situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes, que no respetan ni tienen consideración", argumentó.

Álvaro Martínez, diputado de La Libertad Avanza (LLA), presentó un proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil que actualmente contempla sanciones para la comisión de un delito desde los 16 años de edad hasta los 18 y solicitó bajar la edad de imputabilidad a los 12 años.

Según explicó el legislador, "la situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante, debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes que no respetan ni tienen consideración por el más mínimo derecho fundamental de las personas. El desprecio a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se ha vuelto moneda corriente".

Y agregó: "Llegó el momento de que se acaben los privilegios para los delincuentes y asesinos. Basta de impunidad y de doctrinas garantistas. Hay que dar un mensaje claro de que el que las hace las paga. Es momento de que los preocupados sean los delincuentes y no los ciudadanos".

El artículo 1 de la normativa, además, indica que "tendrá como objeto regular los derechos del niño, niña y adolescente a quien se le atribuyere ser autor o partícipe de la comisión de una infracción penal, estableciendo los principios rectores que orienten la aplicación e interpretación de la misma y de los desarrollos normativos e institucionales que se creen para darle cumplimiento, así como la determinación de las medidas que deben aplicarse al niño, niña y adolescente que cometiere una infracción penal y los procedimientos que garanticen los derechos del mismo".

El proyecto presentado al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, prevé hasta 20 años de cárcel para los mayores de 16 años y de hasta 15 años para los menores que tuvieran entre 12 y 15 años al momento de la comisión de un delito.

"La conducta de los niños, niñas y adolescentes cuyas edades se encontraren comprendidas entre los DOCE (12) y DIECISÉIS (16) años de edad que constituya delito se establecerá mediante el procedimiento regulado en esta Ley. Comprobados los hechos constitutivos de la conducta, el Juez Penal Juvenil resolverá aplicar al menor cualesquiera de las medidas establecidas en esta Ley y/o su asistencia por medio de los órganos administrativos de protección de niños, niñas o adolescentes, siempre que sean en beneficio para el menor", establece el artículo 2 de la normativa.

De esta manera, el bloque oficialista en el Parlamento reflota la discusión por la baja de la edad de imputabilidad, debate que también estuvo presente en el gobierno de Mauricio Macri.

"Un delito de adulto merece una pena de adulto", había afirmado el Gobierno

Días atrás, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, había confirmado que el Gobierno intentaría que se avance con la baja de la edad de imputabilidad, que podría ser menor incluso a los 14 años. Además, ratificó que presentarán una ley anti-mafia, como las que rigen en Estados Unidos e Italia.

"Un delito de adulto merece una pena de adulto", dijo Posse durante su exposición en el Senado, donde brindó su primer informe de gestión.

En las respuestas que mandó previamente a los senadores, el Gobierno se explayó sobre la cuestión: "El Ministerio de Justicia informa que el proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil reconoce el principio de especialidad. En este sentido se aclara que la organización del Poder Judicial es una atribución propia de las provincias, que deberán decidir sobre la creación de un fuero especial juvenil".