El Gobierno nacional ha establecido oficialmente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como la entidad encargada de auditar las universidades públicas, mediante un dictamen emitido por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Este anuncio se produce en medio de un clima de tensión, luego del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que ha provocado reacciones de diversas partes interesadas, incluidos estudiantes y autoridades académicas.

Barra explicó que esta decisión se basa en la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que permite que la SIGEN realice auditorías sin menoscabar la autonomía y autarquía de las instituciones educativas, tal como lo establece la Constitución Nacional. Esta medida busca asegurar que los recursos destinados a la educación se utilicen de manera adecuada y transparente, algo que el Presidente Javier Milei ha enfatizado repetidamente.

Milei, en un acto reciente, subrayó la importancia de las auditorías, afirmando que "si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios". Con esta declaración, el mandatario dio a entender que la falta de disposición a ser revisados podría sugerir irregularidades en la gestión de fondos públicos.

El procurador también criticó la reciente decisión del Congreso de excluir a la SIGEN del sistema de control interno que debería aplicarse a las universidades, citando el artículo 129 de la Ley N° 27.591. Según Barra, esta exclusión había fomentado una resistencia por parte de algunas instituciones a cumplir con el marco normativo establecido en la última década.

La resolución de la Procuración del Tesoro fue comunicada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello. La decisión del Gobierno coincide con una demanda de apoyo del partido PRO, que solicitó un cambio en las políticas de auditoría de las universidades, poniendo en tela de juicio la anterior resolución firmada por Carlos Zannini durante la administración de Alberto Fernández.

Milei también expresó su deseo de salvaguardar las universidades públicas, asegurando que su objetivo es que los recursos lleguen efectivamente a los estudiantes y docentes, no a “ladrones, delincuentes y mentirosos”. Desde el inicio de su gestión, ha afirmado que auditará las universidades para evitar la "fuga" de dinero público.

La controversia ha generado una respuesta activa de los estudiantes, quienes han tomado las facultades en protesta contra las medidas del Gobierno. Este conflicto pone de relieve la división sobre la dirección futura de las universidades públicas y la transparencia en su gestión financiera.