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Las patentes, cédulas y formularios del Registro Automotor serán gratuitos

El Ministerio de Justicia de Argentina, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció hoy un conjunto de reformas que buscan transformar por completo el sistema de los Registros del Automotor en el país. Estas medidas, que incluyen la digitalización total de los trámites, una significativa reducción en los costos de transferencia y la eliminación de tarifas en ciertos documentos, tienen como objetivo "desarmar los negocios espurios" que, según el ministro, han operado durante décadas en estos registros, beneficiando tanto a funcionarios como a entidades privadas.

Entre las principales reformas se destacan:

  • Tope de Ganancias: Se establecerá un límite en las ganancias de los registros automotores, poniendo fin a prácticas que han sido calificadas como abusivas.
  • Elección Libre del Registro: Los usuarios ya no estarán obligados a realizar los trámites en el registro correspondiente a su domicilio. Ahora podrán elegir la dependencia que prefieran, fomentando la competencia entre los registros.
  • Reducción del Costo de Transferencia: El costo de transferir un vehículo se reducirá al 1% del valor del mismo, frente al 1.5% para autos nacionales y 2% para importados que se cobraba anteriormente. Esta medida es de alcance nacional, mientras que los costos provinciales, que pueden representar hasta el 5% del valor del vehículo, no se modifican.
  • Trámites Gratuitos: La emisión de cédulas, patentes, títulos de propiedad y la certificación de firmas serán sin costo, aliviando la carga financiera para los usuarios.
  • Digitalización Total: Todos los trámites se digitalizarán, eliminando la necesidad de manejar documentos en papel, lo que reducirá los tiempos de espera y los costos operativos.
Estas reformas son parte de un esfuerzo más amplio por modernizar y transparentar el sistema, según Cúneo Libarona, quien aseguró que estas no serán las únicas medidas para "terminar con el anticuado y corrupto sistema de Registros del Automotor".

El impacto económico de estas medidas se estima en un ahorro anual de 36 mil millones de pesos para los consumidores y 1.300 millones de pesos para el Estado.

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