Si bien el debate de la Ley Bases, que se discute en el Senado, se centra en cuestiones claves para el gobierno de Javier Milei como las privatizaciones, la reforma laboral y el régimen de incentivo a las inversiones, legisladores de la oposición y organizaciones ambientales advierten que si avanza tal como está el proyecto podría, entre otras cuestiones, habilitar a disolver la Administración de Parques Nacionales y desfinanciar otros organismos vinculados a la protección del medio ambiente.

Es que, dentro de las facultades delegadas se faculta al Poder Ejecutivo nacional a la disolución total o parcial de organismos descentralizados y la Administración de Parques Nacionales, por ejemplo, no figura en la lista de los entes excluidos e implicaría un enorme retroceso en materia ambiental.

Sí se especifica que no podrán ser disueltas, por ejemplo, las universidades nacionales, el CONICET; la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), así como la CONAE, el INCUCAI y el INTA.

Tanto los legisladores como las organizaciones advierten que, al no estar incluido en esa lista, Parques Nacionales podría ser disuelto o bien modificar su actual estructura, cosa que ya empezó a ocurrir.

¿Qué dicen los legisladores sobre los Parques Nacionales?

Una de las diputadas nacionales que planteó sus cuestionamientos a la ley y advirtió sobre el tema ambiental es Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), al considerar que la ley “plantea un modelo de crecimiento que no presenta ninguna consideración por la sostenibilidad y el cuidado del ambiente”.

Según indicó a Economía Sustentable Stolbizer, “preocupa puntualmente como acentúa un perfil extractivista, promoviendo las grandes inversiones para la explotación de recursos naturales, y no contempla ninguna disposición de evaluaciones de impacto ambiental ni parámetros de conservación y protección de ecosistemas estratégicos. Incluso se termina limitando la capacidad de las provincias de legislar y regular sobre sus territorios. El Estado que este gobierno achica y debilita debe tener un rol fundamental en garantizar un ambiente sano y la sostenibilidad de la actividad económica”.

En esa misma línea, la diputada de Unión por la Patria por Córdoba, Gabriela Estévez, señaló a Economía Sustentable que la ley plantea “un enorme retroceso en materia ambiental, viola acuerdos internacionales” y puso de relieve que además en el RIGI (Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) no está contemplado ningún impacto ambiental sobre las extracciones ni en el agua ni en las áreas protegidas”.

Para la diputada de UXP, se trata de “una decisión política del presidente Milei, es una estrategia que la plasma en la ley Bases. En ningún caso se discute cuál es el modelo de protección ambiental” y consideró al presidente Milei como “un negacionista ambiental”.

Estévez afirmó además que de aprobarse la ley, que se encuentra en el Senado, será “un enorme retroceso y el impacto será tremendo”, al advertir sobre la falta de inversión en Parques Nacionales, con despidos de trabajadores y “una terrible desinversión” que se evidencian además, por ejemplo, en los programas de manejo del fuego”.

¿Qué dicen las organizaciones sobre los temas ambientales?

En el marco del debate en el Senado, unas 50 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a los legisladores donde advierten que el proyecto contiene artículos que contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes.

Entre otros puntos, para las organizaciones la iniciativa vulnera el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Entre otras cuestiones, se alerta que se trata de un proyecto que pretende beneficiar a las actividades económicas primarias y extractivas, lo que afecta el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales.

Además, si bien hicieron referencia a la posible disolución de Parques Nacionales, tal como lo advirtieron los legisladores, el proyecto de ley permitiría, según las organizaciones, la eliminación de fondos destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios.

En ese marco, las organizaciones afirman que la aprobación de la Ley Bases significaría “una delegación legislativa imperdonable en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas sin contemplar una mirada social ni ambiental, y la limitación de los espacios de participación pública”.

“Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, afirman.

Otros organismos vinculados a cuestiones ambientales podrían verse afectados por la falta de recursos figuran: el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre otros.

Cuál es la función de Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales (APN) de Argentina es un organismo público encargado de mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destinado a la conservación de la diversidad biológica y los recursos culturales del país.

Controla 35 áreas, así como cuatro especies declaradas monumentos naturales: el huemul andino o taruca (Hippocamelus antisensis), el yaguareté (Panthera onca), el huemul (Hippocamelus bisulcus) y la ballena franca austral (Eubalaena australis).

En gestiones anteriores, la estructura del organismo fue modificada e incluso su ubicación física fue cambiada en varias oportunidades.

En los últimos días, el gobierno de Milei dispuso la cesantía de 80 de los 2200 trabajadores que la Administración Nacional de Parques Nacionales tiene en todo el país.

La decisión afecta a las tareas de conservación de las áreas naturales, que son patrimonio de toda la población y genera mucha preocupación entre profesionales ambientalistas.

Los despidos, denunciaron los trabajadores, están centrados en técnicos profesionales y administrativos y podría afectar en los próximos meses a otros entes vinculados a la defensa del medio ambiente.