El presupuesto asignado para la protección de los bosques nativos en 2025 será el más bajo registrado hasta la fecha, ya que representa apenas un 2,8% de lo estipulado por la ley. La reducción en los fondos y la eliminación por decreto del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos han generado una ola de rechazos. A esto se sumó la renuncia de Octavio Pérez Pardo, quien dirigía la Dirección Nacional de Bosques, y una declaración del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde trece provincias expresaron su descontento con las políticas ambientales del gobierno.

Eliminación del fideicomiso y destino incierto de los fondos

El 8 de octubre, se publicó el decreto 888/24, que suprimió el fideicomiso creado en 2018 para gestionar los recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Además de la disolución del fideicomiso, preocupa el paradero de los $16 mil millones que estaban disponibles para programas desde 2023. Esta falta de claridad motivó que Pérez Pardo solicitara ser relevado de sus responsabilidades, aunque su renuncia aún no ha sido formalmente aceptada.

El impacto de la ley de bosques y el ajuste presupuestario

La ley de bosques establece que el 0,3% del presupuesto nacional, junto al 2% de las retenciones de exportaciones agrícolas y forestales, deben destinarse a las provincias para compensar a los propietarios de tierras por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. Sin embargo, según Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre, nunca se ha alcanzado el monto estipulado por la ley. Con la eliminación del fideicomiso, se pierde una herramienta de gestión que protegía esos fondos frente a la inflación. Además, persiste la incertidumbre sobre el destino del dinero no ejecutado.

Protestas y reacciones en las provincias

El ajuste presupuestario y la eliminación del fideicomiso también provocaron la reacción de trece provincias en el Cofema, que el 16 de octubre emitieron una resolución expresando su preocupación por la medida del gobierno, calificándola de inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales como los de París y Escazú. La resolución instó a tomar acciones políticas y jurídicas para restablecer el fideicomiso, señalando la falta de participación del Cofema en la toma de decisiones.

Impacto en las comunidades nativas y competitividad del país

El recorte de los fondos destinados a los bosques nativos no solo afecta a las provincias, sino también a las comunidades indígenas y rurales que dependen de estos recursos. Según Jaramillo, la falta de financiamiento podría empujar a estas comunidades a migrar hacia los cinturones de pobreza en las ciudades. Asimismo, la decisión pone en riesgo la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional, especialmente en la Unión Europea, que exigirá a partir de 2024 que los productos importados no provengan de áreas deforestadas desde diciembre de 2020.

Este panorama revela la creciente preocupación por la sostenibilidad de los bosques nativos en Argentina y las consecuencias de no cumplir con las obligaciones legales que garantizan su protección.