En medio de su objetivo para impulsar la desregulación de la economía, el Gobierno eliminó un trámite que debían completar las empresas productivas de la Argentina como condición necesaria para realizar trámites, programas o gestiones con el Estado. Se trata del Registro único de la Matríz Productiva (RUMP).

Así lo hizo a través de la Resolución 114/2024, impulsada por la Secretaría de Simplificación del Estado de la Jefatura de Gabinete en conjunto con el Ministerio de Economía. “Establécese que la previa inscripción al REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.) como requisito de acceso a un determinado beneficio deberá considerarse eliminada de toda norma dictada por unidades organizativas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMÍA”, consignó el artículo 2 de la normativa que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Téngase presente que con el dictado de esta medida, las unidades organizativas dependientes del Ministerio de Economía podrán solicitar toda la documentación que consideren necesaria para acreditar personería o cualquier otro documento complementario que constare en dicho Registro”, agrega la Resolución.

El RUMP era una herramienta de gestión, relevamiento y registro, que centralizaba toda la información básica del sector productivo. Todos los trámites, programas y servicios del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, ahora Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, tenían como requisito la inscripción previa, pero debían renovarla anualmente. Comprendía a emprendedores/as, Mipymes, grandes empresas, cooperativas, comercios, industrias, importadores, exportadores, cámaras empresariales e instituciones, entre otros.

El Gobierno de Javier Milei implementó un manual de buenas práctivas en materia de simplificación que tiene como objetivo “generar mejores regulaciones, permite dar transparencia a los procesos regulatorios, promueve el crecimiento económico, la libre competencia, el crecimiento del comercio y la inversión, y es un fuerte apoyo a la liberalización comercial”.

“La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo se encuentra realizando un relevamiento de normativa a fin de simplificar procesos, reducir cargas y eliminar complejidades innecesarias tendiendo a la implementación de regulaciones de cumplimiento simple facilitando la vida al ciudadano y evitando el dispendio de tiempo y costos, que desmejoran su calidad de vida, de manera tal que el Estado sea eficiente, predecible, capaz de responder a las necesidades ciudadanas”, explicó la Resolución.

En ese sentido, tras analizar el RUMP la dependencia concluyó: “Se analizaron los procesos involucrados, la gestión administrativa que se deriva de ellos y el cumplimiento de los objetivos perseguidos y se encontró que los diferentes trámites del citado Registro representan un obstáculo en el acceso de los ciudadanos y de las empresas a los organismos del Estado para el ejercicio de sus derechos y el resguardo de las garantías constitucionales de libertad económica”.

“Que, en ese sentido, se evidenció que el referido Registro no cumple con los objetivos para los cuales fue creado, representando una carga administrativa más para los ciudadanos que realizan trámites en el ámbito de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo”, concluyó la Resolución.

Esta norma va en línea con una sería de medidas que fueron eliminadas desde la Secretaría de Comercio, como en el caso de las 69 normativas que fueron eliminadas a finales de enero.

Entre las normas derogadas, se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la gestión de Alberto Fernández.

También, se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas a través del mega DNU rubricado por el presidente Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se eliminaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que este había finalizado el 8 de diciembre pasado.

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, “apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”, indicó Comercio en un comunicado.