La Secretaría de Comercio de Argentina ha implementado una nueva normativa que regula la información que debe aparecer en los comprobantes emitidos por proveedores de bienes y servicios. Esta medida, que entra en vigor el 11 de septiembre de 2024, prohíbe la inclusión de sumas o conceptos que no estén relacionados directamente con el bien o servicio contratado por el consumidor. La resolución busca garantizar la transparencia en la facturación y proteger los derechos de los consumidores, en línea con la Ley de Defensa al Consumidor.

La decisión se produce en un contexto donde el Ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado previamente que las facturas de servicios esenciales, como luz y gas, no pueden incluir impuestos y tasas.

Esta iniciativa responde a denuncias sobre la inclusión de cargos adicionales en las facturas que no tienen relación con el servicio proporcionado. Según Caputo, esta práctica ha sido generalizada entre muchos proveedores y constituye una violación al deber de ofrecer un trato digno al consumidor.

El nuevo reglamento establece que los tickets y facturas deben referirse exclusivamente al bien o servicio contratado. Esto implica que cualquier cargo adicional que no esté directamente relacionado con el servicio debe ser eliminado de la facturación. La Secretaría de Comercio, bajo la dirección de Pablo Lavigne, ha señalado que el incumplimiento de esta normativa podría resultar en sanciones para los proveedores.

Justificación de la nueva normativa

El Gobierno argumenta que la inclusión de conceptos ajenos en las facturas puede llevar a confusiones y errores por parte de los consumidores, quienes podrían no tener claridad sobre lo que están pagando. Esta situación es especialmente preocupante para los consumidores en situaciones vulnerables, que podrían verse afectados de manera desproporcionada. La normativa busca, por lo tanto, proteger el derecho del consumidor a recibir información clara y precisa sobre los costos de los servicios que contratan.

Además, se señala que la práctica de incluir cargos no relacionados en las facturas afecta la libertad de elección del consumidor. La falta de transparencia en la facturación puede influir en las decisiones de compra, limitando la capacidad de los consumidores para comparar precios y servicios de manera efectiva.

La resolución establece un plazo de adecuación de 30 días para que los proveedores se ajusten a las nuevas regulaciones. Esto significa que, a partir de la fecha de entrada en vigencia, todas las facturas y tickets emitidos deberán cumplir con los nuevos requisitos. La Secretaría de Comercio ha indicado que se llevarán a cabo controles para asegurar que los proveedores cumplan con la normativa.

Impacto en los Municipios

La medida también tiene implicaciones significativas para los municipios, que tradicionalmente han incluido tasas locales en las facturas de servicios públicos. La prohibición de incluir estos cargos en las facturas de luz y gas ha generado un debate sobre el impacto fiscal en las administraciones locales. Algunos intendentes han expresado su preocupación, argumentando que esta decisión podría afectar la recaudación de recursos esenciales para el funcionamiento de los municipios.

El ministro Caputo ha defendido la medida como un paso hacia la transparencia fiscal, argumentando que la inclusión de tasas en las facturas ha contribuido al aumento del gasto público a nivel provincial y municipal. La medida busca que los municipios sean responsables de los impuestos que cobran y que los consumidores tengan una visión clara de lo que están pagando.

La decisión ha generado reacciones diversas entre los funcionarios y expertos. Algunos respaldan la medida como un avance hacia una mayor transparencia y protección del consumidor, mientras que otros la critican como un ataque a la autonomía municipal. El constitucionalista Antonio María Hernández ha calificado la decisión de "groseramente inconstitucional", argumentando que la autonomía financiera de los municipios está consagrada en la Constitución Argentina.

Desde el ámbito empresarial, se han expresado preocupaciones sobre el impacto que esta medida podría tener en los costos operativos de las empresas, especialmente aquellas que dependen de las tasas municipales para financiar sus servicios. Las cámaras empresariales han señalado que el aumento de las tasas municipales en los últimos años ha sido significativo y que la prohibición de incluir estos cargos en las facturas podría llevar a una crisis financiera en algunos municipios.