El ministro de Gobierno José Luís Álvarez fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre los cuestionamientos públicos de las autoridades electas por la falta de información en la transición, y se mostró sorprendido, asegurando que fue entregada el 90% de la solicitada.

“La coordinación de esta transición la vienen llevando adelante dos personas, que es el jefe de gabinete de la provincia Leonardo Gorbacz y el secretario de gabinete Agustín Tita. El licenciado Gorbacz planteó la posibilidad de que la gestión entrante presentara su propio presupuesto y que participara en la elaboración, para establecer las prioridades del gasto público. Ellos decidieron no participar, con lo cual nosotros presentamos nuestro proyecto, y esa fue la primera disidencia respecto del rol protagónico que uno requiere de la gestión entrante, para poder plantear su plan de gobierno a través del presupuesto”, dijo.

“Luego hubo una reunión del Ministro de Economía José Labroca con el Secretario de Finanzas Oscar Bahamonde. Se requirió documentación y el ministro Labroca entregó el 90% de toda la información que han solicitado. Hay cuatro cuerpos completos de documentación que se entregó a la gestión entrante. Lo que se acordó entre Gorbacz y Tita fue que, a medida que fueran solicitando información, se les iba a ir dando, y había seis meses de por medio, como para no entregar todo de una vez. A medida que hubo requerimientos, se han ido contestando, como la situación de la caja de previsión. La legisladora Urquiza pidió un informe sobre discapacidad, que también se le entregó”, agregó el funcionario.

Respecto del área de Obras Públicas, indicó que “los equipos de Obras Públicas del Municipio han estado con los equipos de Obras Públicas de la provincia en Casa de Gobierno, y el intercambio está siendo muy fructífero. Realmente no entendemos estas declaraciones. De ningún modo queremos que al gobierno entrante le vaya mal. En este momento de zozobra que está pasando la provincia y el país no podemos salir con declaraciones que generan preocupación en la gente”, manifestó.

Asimismo, defendió la continuidad del plan de obras, ante el pedido del gobernador electo Gustavo Melella de no avanzar con licitaciones que comprometan la futura gestión. “Nosotros tenemos un plan de Obras Públicas que venimos ejecutando hace tres años y medio, para lo cual se emitió un bono. El pago de la deuda está garantizado con las regalías, que se cobran en dólares, y no va a generar una retracción de los ingresos corrientes. Hoy estamos realizando lo que se llaman medidas contracíclicas, que es invertir en obras públicas para que el ciclo económico se mantenga. Con la baja de recaudación provincial y de la actividad privada, por despidos y por cierres, lo peor que podría ocurrir en este momento es cesar con la obra pública. Esa inversión en las obras genera distribución de la riqueza, porque va a los proveedores, a los trabajadores, al circuito interno, y hace que se genere un círculo virtuoso, además de tener mayor recaudación de impuestos”, expuso.

“Si se cesa con esto, con la recesión que tenemos, lo único que va a ocurrir es que se genere más pobreza y vulnerabilidad social”, aseguró Álvarez.

Consultado sobre la derrota electoral, analizó que “el esquema nacional perjudicó muchísimo, encontramos una provincia endeudada para gastos corrientes, no para gastos de capital. Lo primero que hicimos fue sostener los derechos adquiridos. El cambio del régimen previsional generó inconvenientes, pero había gente que se jubilaba a los 45 y 50 años y eso hacía inviable la caja. Tomamos la decisión de garantizar las jubilaciones, pagamos la deuda histórica, generamos previsibilidad al régimen, a costa de estirar la edad. Mucha gente que a los 51 ya tenía prevista su casa en Córdoba para irse a vivir, se le corrió la edad 3 ó 4 años, y se enojaron por tener que quedarse a trabajar en la provincia. Tuvimos jubilados con 42 años y eso no es un derecho. Hay que diferenciar un derecho de un privilegio”, subrayó.

“Para poder pagar el sueldo a un jubilado, tenemos que tener cuatro activos, y la relación entre activos y pasivos hoy está en 2,92. Los activos se siguen jubilando y, si uno no tomaba medidas, la caja iba a terminar transferida a nación. Hicimos los ajustes necesarios para garantizar los derechos adquiridos, inclusive los de privilegio, como los del poder judicial que ganan 400 mil pesos. Lamentablemente ese derecho adquirido no se puede retrotraer”, aclaró.

“Nunca pudimos lograr que la gente entendiera lo que esto significaba. Obviamente la gente va a estar enojada porque se le corrió la edad jubilatoria, porque hay un proyecto de vida que se alteró. En el inconsciente colectivo quedó esto. La opción era esta o continuar como en el gobierno anterior, con amparos para cobrar y pagos en cuotas”, dijo.

También se le consultó sobre el congelamiento de salarios, que fue otra de las críticas de parte de los estatales, y negó que haya sido tal. “Si tomamos un recibo de sueldo de febrero de 2016, era de 16 mil pesos brutos para el escalafón seco. Hoy es 32 mil y hubo un 100% de aumento. Lo que pasó es que la inflación fue casi del 200% en Tierra del Fuego y los fondos provinciales no alcanzaron para correr atrás de la inflación. Además hay sectores vulnerables que empezaron a sentir la zozobra de lo que venía del gobierno nacional, como los trabajadores de las fábricas que empezaron a quedar sin trabajo. Tuvimos casi 10 mil desocupados por efecto de las medidas nacionales y el gobierno tuvo que salir a asistir”, señaló.

Para el ministro hubo “un voto castigo” a la gestión Bertone en las elecciones de junio, pero Tierra del Fuego sigue apostando al espacio que integra la gobernadora, y así lo demostró en las PASO. “La gente está votando por la industria de Tierra del Fuego, teniendo en cuenta el modelo industrial del kirchnerismo. En la elección de gobernador hubo un voto castigo, pero se acompañó al candidato nacional del espacio”, dijo, con la expectativa de que la diferencia sea todavía más amplia en octubre.