Si bien todavía no presentó a los integrantes del Gabinete que armará si llega a la Casa Rosada ni tampoco a la persona que lo acompañará en la fórmula presidencial con la que competirá en las elecciones de este año -sí adelantó que será una mujer- el diputado nacional Javier Milei ya explicó varias de las iniciativas que piensa llevar adelante en caso de ser Gobierno.

Una de sus propuestas más repetidas desde hace tiempo tiene que ver con lo económico y es la eliminación del Banco Central, que a su entender es la principal causa de la inflación en el país debido, entre otras cuestiones, a que es el organismo que puede emitir dinero.

Una vez que cierre la entidad monetaria, el dirigente opositor plantea establecer en la Argentina un sistema de libre competencia de monedas, en el cual el peso conviviría con diferentes divisas y que considera que en el corto plazo va a derivar en una dolarización.

Para lograr esto, tiene dos caminos: uno es haciendo un acuerdo con los Estados Unidos para compartir el señoreaje, es decir, que cuando el gobierno norteamericano emita enviaría también billetes a Buenos Aires, y el otro es realizarlo por voluntad propia, adoptando el dólar como medio de pago legal para todas las transacciones, como ocurrió en Ecuador.

Para avanzar con estas reformas, el líder de La Libertad Avanza pretende proponerlas primero en el Congreso y, en caso de que el resto de los bloques no se las aprueben, convocaría a un referéndum o a una consulta popular para buscar el aval de la ciudadanía.

Por otra parte, Milei también trabaja en un plan para modificar las leyes laborales, que según él será “sin vulnerar derechos existentes”, el cual consiste en ir hacia un modelo de seguro de desempleo, en el que el propio trabajador aporte de su sueldo a un fondo personal que utilizará si renuncia o es echado.

Asimismo, el economista tiene en mente una serie de desregulaciones para facilitar y reducir los trámites burocráticos, además de reducir o eliminar algunos de los impuestos y las retenciones existentes, con el objetivo de incentivar la producción y las inversiones.

Para financiar ese alivio fiscal para los contribuyentes, el precandidato presidencial asegura que va a avanzar con lo que él mismo denominó como el “Plan motosierra”, el cual se basa en un fuerte ajuste del gasto en algunas áreas del Estado.

En este marco, por ejemplo, eliminaría la obra pública y, en cambio, implementaría “un sistema de iniciativa privada a la chilena, con way outs a la peruana e incentivos a la suiza”, por lo que las tareas de infraestructura en el país, como las rutas, los hospitales, o los mejoramientos en la red de ferrocarril, entre muchas otras cosas, pasarían a estar en manos del sector privado, el cual tendría un ingreso mínimo garantizado por el Estado para cualquiera de los proyectos de ese tipo en el que decida incursionar.

También sacaría diversos subsidios, como los que actualmente están en el transporte, en la energía y en varios servicios públicos, permitiéndoles a las empresas operadoras endeudarse para evitar que el costo sea trasladado a las facturas de los usuarios.

Además, pretende reducir el déficit fiscal a partir de que el Estado deje de hacerse cargo de algunas empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas, que se la entregaría a sus empleados para que ellos mismos la administren como una cooperativa.

En cuanto a la educación, su proyecto es impulsar la competencia entre las distintas instituciones con la instrumentación de distintos mecanismos de financiamiento y la creación de un sistema de vouchers, con lo cual, cada alumno tendría una tarjeta con fondos del Gobierno que podría utilizar para pagar la cuota del establecimiento al que desee asistir, ya sea de gestión estatal o privada.

En lo que respecta al Poder Ejecutivo, si gana las elecciones prometió que va a tener solamente 8 Ministerios: Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Capital Humano (que agrupará a las áreas de niñez, salud, educación y trabajo), Defensa, Seguridad Interior, Justicia y del Interior.

Por último, en lo que tiene que ver con la justicia, plantea dos cambios fundamentales, que tienen que ver, por un lado, con una nueva doctrina, en la cual “el que las hace, las paga” y habrá un mayor respaldo para el accionar de la Policía, y, por el otro, con que el Poder Judicial pasaría a gestionar su propio presupuesto, sin intervención de la política, con la intención de darle mayor independencia a los jueces.