s claro que estaremos todos de acuerdo en que \"un buen sistema federal\" es fundamental para llevar igualdad de oportunidades de todos los argentinos. En el medio de ello, uniendo cada punto del país, se busca acrecentar la competitividad de la economía, pero por sobre todo la integración del territorio nacional.

No se deja de lado, las cuestiones relacionadas con cómo mejorar la distribución de los ingresos. Todo ello nos lleva a mirar la estabilidad y la eficacia de las instituciones como pilares para el desarrollo económico-social.

No cabe duda que surge necesaria una nueva Ley de Coparticipación Federal, que integre a todas las regiones, que vuelva competitiva la economía pero sobre todo, integre a las Provincias.

Se trata de compromisos que han llegado a tener carácter supra constitucional, y que a pesar de que en la Reforma Constitucional de 1994 se obligó a que Nación y Provincias aprueben un nuevo régimen, lo cierto es que ello no sucedió, y hoy padecemos las consecuencias de tener un régimen vetusto con defectos que repercuten de manera directa y negativa.

Desde lo jurídico, desde lo impositivo, desde lo político inclusive, el actual sistema ya no resiste vigencia. Así las cosas, la distribución entre las provincias no responde a ningún criterio racional ni existen los criterios redistributivos objetivos, desde la Ley 20.221 de hace más de 40 años.

Sin un sistema de reparto claro, ya estamos condenados a no tener orden que es lo que exige el país para evitar esta ausencia de correspondencia entre lo que se gasta y se recauda repercutiendo de manera perversa en el grado de responsabilidad fiscal y con ello, impactando en los contribuyentes.

La última ley de coparticipación que data del año 1988 preveía un poco más del 50% de los ingresos nacionales para distribuir entre las provincias pero dicho evento nunca se cumplió y el Estado Nacional se fue apropiando de un porcentaje cada vez mayor.

Si bien la coyuntura político, económico y social fueron cambiando según los años, al comienzo se trató de financiar la reforma previsional y la deuda externa, años más tarde se argumentó la necesidad de financiar la inversión pública, y ciertos programas sociales aun vigentes, lo cierto es que las Provincias han visto disminuir su porcentaje de manera gradual pero hoy muy visible.

Con ello quiero expresar que las Provincias con mucho esfuerzo, se han hecho cargo de servicios básicos de educación, salud y seguridad aun con una base tributaria rota, débil e insuficiente ya que no es posible competir con impuestos que no se coparticipan (como las exportaciones).

Hoy estamos frente a la existencia de un sistema complejo, por momentos, arbitrario donde se distribuye la coparticipación federal a veces condicionada. El régimen no es receptivo a cambios, es rígido e inamovible, y lo cierto es que desde la vigencia de la Ley a la fecha, el país experimento procesos inflacionarios, devaluaciones y curvas económicas que pidieron a gritos que la misma sea modificada.

El punto de inflexión que hoy preocupa, es la falta de una adecuada administración de impuestos. Se necesita un sistema transparente, equitativo, eficiente, alejado de las distorsiones a la hora de asignar recursos y que busque la integración. Eso es el federalismo que bien llevado puede generar una administración de impuestos ordenada, que permita bajar presión fiscal en materia de impuestos provinciales. Causa-Consecuencia.

No vamos a desconocer los intentos que han llegado de la mano de pactos federales y leyes nacionales, pero lo cierto es que cualquier esquema se vuelve poco estable cuando las reglas no son claras, cuando no hay compromisos serios adquiridos, cuando no hay exigencias o se someten reglas a infinitas negociaciones.

La ley 23.548 llegó para descomprimir conflictos, y se modificó en reiteradas oportunidades siempre en miras a reducir presión tributaria, sin éxito. Con la reforma de 1994 de la Constitución, se establece la obligatoriedad de promulgar nueva ley de coparticipación, pero ningún gobierno pudo avanzar en un proyecto integral o nacional que la exponga en su máxima expresión en aras a contar con un esquema de transferencias interjurisdiccionales en donde se asignen debidas responsabilidades tributarias en el marco de un orden preciso, libre de inconsistencias, que impida la doble imposición, que ponga en práctica exclusiones a los regímenes de recaudación, que legisle derogaciones o reducciones de impuestos provinciales que hoy resultan distorsivos y anacrónicos.

Es crucial contar con una decisión que imponga como política de estado al federalismo fiscal, serán los contribuyentes al final del camino los que tendrán el oxígeno que hoy necesitan. Se trata de un mandato que debe implementarse ahora, con argumentos objetivos, jurídicamente sólidos, económica y políticamente necesarios, y en materia tributaria: indispensable.

Se apeló al Consenso Fiscal, en el que compromisos y responsabilidades llegaron a negociarse poniendo esperanza de ese orden deseado. No cubrió las expectativas, y lejos de ello, seguimos esperando que la Ley de Coparticipación sea otra, pero ya a ésta altura, no basta una modificación parcial a la misma, hoy es necesario derogarla y legislar una nueva ley de coparticipación federal adecuándola a los tiempos actuales. El país atravesó demasiados cambios.

Y aquí entra la tecnología, la economía de conocimiento, las leyes de software, las actividades vinculadas a ellas. El Estado busca promocionar actividades, y para ello se compromete a brindar estabilidad fiscal en impuestos nacionales. Y ahí, en leyes federales, como por ejemplo la de Economía de Conocimiento, donde las adhesiones harán del proyecto un éxito o un fracaso, están las Provincias que al no tener una ley de coparticipación que defina correctamente la dinámica de asignación de recursos, de gastos o el margen de maniobra con que deben precaver su administración, no tomaran el compromiso de ayudar en este caso particular a las empresas promocionadas, pero en el contexto general, a buscar reducir presión fiscal, derogando impuestos distorsivos y eliminando aquellos que han sido creados en el marco de una emergencia hace muchos años atrás, y hoy siguen vigentes solo por ser funcional al sistema recaudatorio.

No se resuelve un conflicto de tantos años en un instante, pero es momento de poner una cuota de optimismo, otra de oportunidad y otra de decisión para impulsar un nuevo sistema federal con los lineamientos consensuados sobre un proyecto nacional de desarrollo ( que no deje fuera aspectos económicos, sociales y regionales) , con acuerdos provinciales en el que se consideren entre otras cuestiones: (i) promover desarrollo regional, crear incentivos (ii) igualar oportunidades, (iii) criterios de distribución objetivos para el reparto, (iv) equidad, transparencia, correspondencia fiscal, revisión de las transferencias; pero en materia fiscal: definir responsabilidad entre Nación y Provincias en el marco de una reforma tributaria nacional, provincial y municipal que contemple de manera prístina la descentralización, los alcances y con ello, se elimine aquello que ya no debe existir en el marco impositivo provincial de nuestro país.

La economía digital, la tecnología, las fintechs, los bancos digitales, las actividades que hoy conforman talentos de alto valor que están dentro de la ley de economía de conocimiento, pueden verse amenazadas por la falta de orden en el sistema federal, ya que no basta con adherir una ley si luego el compromiso de otorgar estabilidad fiscal a nivel provincial no llega. Y ese es un punto en un millón, necesitamos una nueva ley de coparticipación, ese debe ser el comienzo, debemos evaluar derogaciones que bajen la presión fiscal, y luego traer mas leyes federales capaces de incentivar otras actividades y que la riqueza circule como en su génesis ya lo decía Alberdi, es fundamental distinguir entre promover la riqueza y prosperidad de la Nación y promover la del fisco.

Solo se trata de adecuarse a los tiempos que vivimos, generar mas leyes federales con adhesiones que lleguen listas para poder asumir compromisos en todos los niveles de gobierno, y con ello ayudar a cada sector industrial comercial, agropecuario, de servicios al giro de sus negocios, con menos presión fiscal. ¿El comienzo? Nueva ley de coparticipación federal que garantice el orden esperado.