El cambio social y el aporte a la democracia que implicará la inclusión laboral de personas trans, travesti y transgénero a través de una ley nacional fue destacado por funcionarias y activistas, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción el viernes de madrugada a un proyecto de cupo para esta población.

Para la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda, el avance legislativo “es un cambio que enriquece a nuestra sociedad, porque la diversidad es un gran valor de la democracia”.

“Es un cambio que enriquece a nuestra sociedad en el sentido en que la diversidad es un gran valor de la democracia y, puntualmente, creemos que tenemos grandes aportes por hacer a la calidad democrática de nuestro país”, dijo a Télam la funcionaria.

El proyecto de ley, que ahora deberá ser tratado en el Senado, establece que el Estado deberá contratar a personas trans, travesti y transgénero, para ocupar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigente.

La votación sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones; éstas dos últimas expresiones correspondientes a diputados de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO.

Enseguida, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, usó su cuenta de Twitter para manifestar que la media sanción fue fruto "del impulso de las luchas transfeministas, estamos cada vez más cerca de garantizar derechos históricamente negados".

En tanto, desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio se destacó "una decisión que ya se implementa en el sector público nacional a través del decreto Nº 721/2020".

Se trata del decreto de septiembre de 2020, donde el Gobierno estableció que al menos el uno por ciento de los cargos del ámbito público nacional deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero que "reúnan las condiciones de idoneidad necesarias”.

En su último informe de gestión ante el Senado, el 3 de junio, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue consultado sobre la marcha de este decreto.

El funcionario informó que en el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero Aspirantes a Ingresar a Trabajar en el Sector Público Nacional que estableció el decreto hay 4.004 personas inscriptas, entre el 27 de enero de 2021 -fecha de inicio del registro- y hasta el 4 de mayo último.

Rueda resaltó que una ley de cupo laboral para esta población "es una de las primeras medidas de acción afirmativa para romper la desigualdad y la exclusión de las personas trans en la Argentina”.

En la provincia de Buenos Aires hay una legislación al respecto que fue destacada por Estela Diaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

"Tenemos la Ley Diana Sacayán de cupo laboral travesti trans, avanzamos en su implementación. Muy importante consolidar los pasos dados con una Ley Nacional. Lohana y Diana presentes!", escribió la ministra bonaerense.

El reconocimiento a las históricas militantes travestis trans Lohana Berkins (1965-2016) y Diana Sacayan (1975-2015, asesinada en el marco de un travesticidio), fue permanente en el recinto de Diputados y en las redes sociales. Ambas fueron impulsoras de una legislación de cupo laboral.

En el recinto se vivió un momento de mucha emoción cuando dirigentes trans travestis que estaban en las bandejas siguiendo la sesión, comenzaron a cantar y nombrar a Lohana y Diana, festejando así la media sanción y fueron aplaudidas de pié por la mayoría de las y los diputados.

Rueda consideró el avance de la norma en el Congreso como "una gran esperanza para miles de compañeras y compañeros trans que esperan tener un cambio real en sus vidas a través del empleo formal”.

Resaltó además que para muchas personas “implica tener, por primera vez, un empleo formal, una obra social, aportes jubilatorios, derechos que la población tiene como fundamentales pero en la población trans no se dio hasta ahora”.

Rueda, recordó: "Venimos de una historia de mucha exclusión, de mucha discriminación, es muy difícil contar todas las violencias que hemos vivido desde el momento que empezamos a expresar nuestra identidad”.

“Muchas de nosotras quedamos expulsadas de nuestros hogares, sin oportunidad de continuar o de terminar nuestros estudios, expulsadas de los ámbitos educativos, mucha violencia social. Es un gran cambio social y cultural que se da a partir de esta media sanción, pero también a partir de lo que fue un marco de derechos como la ley de matrimonio igualitario o ley de identidad de género”, concluyó la subsecretaria.

Por su parte, la activista trans e integrante del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, Saira Millaqueo, señaló que "sin duda este avance no le viene a quitar nada a nadie sino a poner en orden las desigualdades que están dentro de todos los ámbitos".