“Lo que yo creo es que va a terminar saliendo un texto completamente desguazado, porque vamos a conseguir llevarlo al recinto y, cuando se vote en particular, cada bloque va a manifestar sus diferencias y varias cuestiones no van a salir”, confió a Infobae un importante dirigente de La Libertad Avanza.

A lo largo de la semana pasada, los principales referentes del oficialismo, incluido el ministro del Interior, Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron con los jefes de las bancadas de la oposición para tratar de acercar posiciones.

Durante las conversaciones, los legisladores “dialoguistas” les manifestaron a los enviados del presidente Javier Milei que solamente apoyarían el paquete de reformas si se eliminan algunas de las medidas que generaron polémica.

Así, mientras que algunos sectores de la Casa Rosada insistían en que “no se negociaba” ningún aspecto de la ley, distintos funcionarios iban de un despacho al otro en el Congreso, llevando diferentes versiones de la ley para alcanzar un consenso.

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial, la oposición confía en que el Gobierno va a eliminar del conjunto de proyectos varios artículos, mientras que otros van a ser modificados y unos cuantos tendrán un alcance mucho más limitado del que se planteó originalmente.De acuerdo con las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía, estos dos instrumentos representan para el Gobierno cerca de un punto porcentual del PBI, unos 1,7 billones (millones de millones) de pesos, por lo que son clave en las intenciones del presidente Javier Milei de apuntar al déficit fiscal 0 este año.

Si finalmente quita esos aspectos de la ley, el Poder Ejecutivo tendrá que compensar la consecuente pérdida de recaudación, profundizando el ajuste en otras áreas, como subsidios, obra pública y transferencias a provincias.

El domingo, de hecho, los gobernadores de Juntos por el Cambio y un grupo de legisladores de la oposición participaron de un zoom en el que ratificaron que no van a apoyar las iniciativas si no se eliminan las retenciones, que afectan directamente a las provincias, ya que no son coparticipables, por lo que se encuentran a la espera de una definición oficial.

Por otra parte, Presidencia también aceptaría reducir de cuatro a dos años el plazo máximo durante el cual regirá la emergencia económica, periodo en el cual Milei tendrá facultades excepcionales para tomar decisiones sobre diferentes temáticas sin tener que pasar por el Congreso.

Asimismo, quedaría fuera del texto el cambio en la composición de la Cámara de Diputados, así como también todo el capítulo referido a la ley general de sociedades, mientras que YPF quedaría excluida del apartado de empresas públicas a privatizarse.

Además, según un borrador al que accedió este medio, se establecería una garantía para que los recursos del INCAA, del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) se mantengan y permanecerían también los requisitos actuales para la Oficina Anticorrupción, entre muchos otros puntos en los que se dio marcha atrás.

Qué queda de la ley

Si el Gobierno finalmente accede a todos estos reclamos, la ley que se votará en el Congreso será sustancialmente distinta a la original, aunque mantendrá varias de las reformas que propuso el presidente Milei, especialmente en cuestiones administrativas y algunas económicas.

Por ejemplo, seguirá vigente la posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la iniciativa para simplificar y digitalizar varios trámites; la reventa de entradas deportivas y las sanciones a los piqueteros y para quienes organizan cortes de calle, aunque no participen del mismo.

También se avanzaría con la implementación del régimen de juicio por jurados a nivel federal; la eliminación de las PASO; los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente, y las restricciones en los actos, programas, obras, servicios y campañas políticas.

En materia de desregulación económica y fomento de inversiones, aunque con algunas limitaciones, el paquete conserva los proyectos para que las personas puedan blanquear hasta 100.000 dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos; para que se puedan importar productos sin impuestos; para condonar multas, sanciones y otros beneficios a los empleadores que regularicen las relaciones laborales; para derogar varias normas relativas a la competencia y para eliminar subsidios.

Por último, aunque se achicó el plazo a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.

Esto le dará al Poder Ejecutivo la posibilidad de contar con “facultades legislativas” para avanzar con diferentes medidas en cada una de las áreas mencionadas, sin tener que cumplir con los tiempos parlamentarios.

“El objetivo es que se conforme el plenario de comisiones el martes”, señaló a Infobae una fuente oficial vinculada a las negociaciones. De esta manera, se reunirían Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores, para decidir qué se hace con la ley.

El oficialismo confía en que va a tener los votos necesarios como para poder emitir un dictamen de mayoría y, de esa manera, convocar a una sesión para el jueves próximo en la Cámara de Diputados, para que se debata en el recinto. Si consigue la media sanción, el paquete pasará al Senado.