La medida, adoptada por Decreto 1423/21 del 23 de julio, fue oficializada el miércoles último y lleva la firma del Gobernador y de la ministra de Salud Judith Di Giglio.

Sin dar mayores precisiones sobre las razones que motivaron el veto, el decreto reza que “la Subsecretaría de Gestión Cultural y la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se expidieron sobre el particular, sugiriendo el veto total del texto sancionado en razón de los fundamentos técnicos allí vertidos, los que se comparten y forman parte integrante del presente, y de la normativa vigente respecto del patrimonio cultural y paleontológico provincial”.

Cabe recordar que el proyecto que dio origen a la ley sancionada por la Legislatura, fue impulsado por el legislador de FORJA Daniel Rivarola, quien oportunamente advirtió la necesidad de proteger el mencionado edificio “para evitar modificaciones, alteraciones o hasta una virtual desaparición del mismo; con lo cual se concretaría otro atentado más contra la preservación de nuestra historia”.

Ya en noviembre de 2018, el Bloque del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de ley ingresado bajo el N° 573, cuyo objeto era declarar integrantes del Patrimonio Cultural y Paleontológico de la provincia a once edificios de la ciudad de Río Grande, el cual nunca fue tratado por los legisladores. Entre esos edificios que se buscaba proteger, estaba también el Juzgado de Paz al cual, mientras el proyecto descansaba en comisión, se le cambiaron algunas aberturas originales por otras de PVC.

Otro de ellos, era el muelle del establecimiento CAP en la Margen Sur, que se encuentra destruido por el paso del tiempo y la desidia y representa un peligro para la vida humana.

El excomplejo frigorífico CAP, también integraba la lista de edificios a proteger y que en los últimos tiempos ha sido vandalizado e incendiado en varias oportunidades con escandalosa indiferencia al igual que el puente colgante José Menéndez ubicado en el cerro El Águila, y los cementerios ubicados en la Misión Salesiana y en la Margen Sur.

Ambos camposantos sufrieron profanaciones que pudieron haberse evitado si el Estado hubiera estado presente en el momento adecuado.

Los otros edificios que se pretendía proteger en 2018, eran el Museo Virginia Choquintel de calle Alberdi 555, la Escuela Agrotécnica Salesiana, incluyendo el Museo Regional Monseñor Fagnano, el dormitorio de los indígenas y la casa de las niñas; los cascos de las estancias María Behety y José Menéndez, la antigua torre de agua de Lasserre y Fagnano, y el edificio de la antigua central telefónica ubicado en calle Beauvoir.