La delicada situación económica que afecta al sector comercial y productivo de Tierra del Fuego ha llevado a diversas entidades a solicitar una moratoria fiscal. Ramón Gallardo, en una reciente entrevista, detalló los desafíos actuales y las propuestas que se están impulsando para aliviar la carga fiscal de las empresas locales.

Gallardo explicó que la crisis económica ha impactado severamente a múltiples sectores, desde el comercio hasta la actividad primaria y los profesionales independientes. “Las ventas han caído un 48% de julio a julio, y hemos registrado 347 despidos en la ciudad de Río Grande”, comentó. Esta situación ha motivado a las autoridades y representantes del sector a buscar soluciones urgentes para evitar mayores perjuicios económicos.

En respuesta a esta situación, se ha implementado a nivel nacional la ley 27.743 y la resolución general 5525/24 de la AFIP, que establece un plan de moratoria para obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. Esta moratoria condona un 70% de los intereses resarcitorios y punitorios para quienes se adhieran antes del 16 de agosto de 2024, y un 60% para quienes lo hagan hasta el 15 de septiembre de 2024. La medida también incluye la condonación del 100% de las multas y ofrece una tasa de interés reducida para planes de pago, comparable a la tasa de descuento del Banco Nación.

Inspirados por esta medida nacional, representantes locales han solicitado una moratoria similar para la provincia. El proyecto de ley número 236, presentado por el Movimiento Popular Fueguino, busca implementar condiciones equivalentes para las deudas tributarias recaudadas por la AREF. “Estamos pidiendo una moratoria que condone intereses y multas, y que permita la reestructuración de planes de pago vigentes y caídos”, explicó Gallardo. Este proyecto de ley tomó estado parlamentario el 12 de junio de 2024 y está siendo analizado para su posible aprobación.

El proyecto de ley incluye deudas en estado administrativo y judicial, y propone una condonación del 100% de los recargos por intereses punitorios y resarcitorios si se paga al contado o en hasta tres cuotas. Además, se está considerando ampliar el alcance de la moratoria para incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2024. Gallardo subrayó la importancia de que esta moratoria se apruebe rápidamente para brindar alivio fiscal a las empresas locales que están luchando por sobrevivir.

En diálogo con el programa radial La Mañana de la Tecno, Gallardo mencionó que la solicitud de moratoria también abarca la inclusión de aportes a la seguridad social, excluidos en la moratoria nacional, como la obra social y la ART. “Estamos trabajando con la Cámara de Comercio para que estos aspectos también se incluyan en la moratoria provincial”, indicó.

Además de la moratoria, Gallardo destacó la necesidad de una reestructuración fiscal más amplia para reducir el déficit estatal y aliviar la carga sobre la economía formal. Propuso la reducción de alícuotas de impuestos, como el 1,5% del Instituto de Servicios Sociales, y abogó por la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, reemplazándolo por un sistema similar al IVA. “El impuesto a los ingresos brutos es regresivo y en cascada, afectando negativamente cada etapa de la producción y comercio”, señaló.

Para ilustrar el impacto negativo del impuesto a los ingresos brutos, Gallardo explicó cómo se acumulan los impuestos en cada etapa de producción. Por ejemplo, en la producción de un bloque de cemento, cada paso en la cadena, desde la extracción de arena hasta la fabricación del bloque, está sujeto a múltiples impuestos, lo que incrementa el costo final del producto. “Es un impuesto que se paga varias veces a lo largo de la cadena de producción, encareciendo significativamente los productos finales”, explicó.

Con estas propuestas, se espera no solo aliviar la presión fiscal inmediata sobre las empresas, sino también fomentar un entorno económico más sostenible y equitativo en Tierra del Fuego. Las autoridades y representantes del sector privado han ofrecido su colaboración para discutir y apoyar estas medidas en la legislatura provincial, buscando su pronta implementación en beneficio de toda la comunidad.

Gallardo también mencionó que, a largo plazo, es crucial que el estado se reestructure para reducir el déficit y alinear los ingresos con los egresos. “Hay reparticiones que son deficitarias y no esenciales, como el IPRA, que necesitan ser gestionadas de manera más eficiente para no cargar aún más a la economía formal”, dijo. Subrayó la importancia de que estas reformas fiscales sean llevadas a cabo de manera gradual y con el consenso de todos los actores involucrados para asegurar una transición suave y beneficiosa para todos.

La implementación de una moratoria fiscal y la reestructuración de los impuestos provinciales podrían ser un alivio significativo para los comercios y pymes en Tierra del Fuego, permitiéndoles enfrentar de mejor manera la crisis económica actual y sentando las bases para un crecimiento sostenible a futuro.