Marcelo Saldivia, director del Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD), compartió su perspectiva sobre el estado actual del mercado laboral para las personas con discapacidad en Tierra del Fuego, destacando los múltiples desafíos que enfrentan en su búsqueda de empleo. “La verdad que es muy complejo”, explicó. “Tiene que ver con un montón de cuestiones que van alrededor también de la persona con discapacidad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con las instituciones, con lo público y lo privado”. Según Saldivia, el camino hacia la inclusión laboral está lleno de obstáculos, desde los prejuicios en las empresas hasta la falta de implementación de las leyes de cupo laboral.

Si bien existe una normativa provincial que establece un cupo del 4% para personas con discapacidad en las instituciones públicas, Saldivia sostiene que el porcentaje real está lejos de alcanzarse. Actualmente, el Consejo Provincial de Discapacidad está realizando un relevamiento para determinar la cantidad de personas con discapacidad que trabajan en el Estado. “Yo creo que el porcentaje no debe alcanzar al 4%”, observó, sugiriendo que los números son menores a los exigidos por la ley.

A pesar de estos obstáculos, hay experiencias de inclusión que han sido positivas. Saldivia mencionó el caso de una persona que comenzó en tareas pequeñas y logró incorporarse a GL Support, una empresa que colabora con Mirgor en áreas de cocina y limpieza. “La experiencia ha sido muy positiva, con un buen vínculo tanto con jefes como compañeros”, relató. “Ojalá se puedan dar otras oportunidades para otras personas del CAAD o de otras instituciones”. Este caso demuestra que cuando las empresas adoptan una actitud inclusiva, es posible generar oportunidades reales de empleo.

Sin embargo, estos casos de éxito son excepcionales. Saldivia estima que solo entre una o dos personas con discapacidad de cada diez logran acceder a un empleo formal. La mayoría depende de la pensión RUPE (Régimen Único de Pensiones Especiales), que les ofrece un apoyo económico, pero también limita su acceso al mercado laboral. Actualmente, quienes reciben esta pensión no pueden trabajar sin perder parte de su beneficio. “Si alguien accede a un trabajo, RUPE lo que hace es descontarles. Si, por ejemplo, tienen un trabajo en el que ganan 200 mil pesos, RUPE les paga solo 65 mil, la diferencia. La idea es que puedan trabajar y seguir recibiendo la ayuda para sus tratamientos”, explicó.

Para abordar esta limitación, Saldivia ha sostenido conversaciones con los legisladores Federico Sciurano y Raúl Von der Thusen. “La RUPE debería permitir que las personas con discapacidad puedan trabajar sin perder su pensión”, subrayó. “Es una ayuda económica que debería complementar su ingreso y no ser una limitante”. Esta reforma permitiría que la pensión se utilice como un apoyo para cubrir gastos médicos y terapéuticos sin afectar el salario de quienes logran acceder a un empleo.

Según Saldivia, uno de los mayores obstáculos para la inclusión laboral es el miedo y desconocimiento en el ámbito empresarial. “En las empresas hay mucho miedo de que una persona con discapacidad trabaje; hay falta de sentido común, no saben cómo tratarlos”, comentó. Para él, es esencial que las empresas comprendan que las personas con discapacidad pueden aportar en muchas áreas, y que una verdadera inclusión requiere también un cambio cultural en el sector privado.

Además de las iniciativas en empresas privadas como GL Support, existen otros esfuerzos a nivel institucional. Saldivia mencionó el caso de DEI, otra organización que trabaja en proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad. “Ellos también tienen un proyecto hermoso de salida laboral, y hemos hablado con su directora en varias oportunidades sobre este tema. Ojalá que los chicos que ingresan de DEI también puedan tener una inserción verdadera y real en el trabajo”, expresó.

La realidad para muchas familias con personas con discapacidad sigue siendo difícil. En el caso de los 159 alumnos del CAAD, solo uno trabaja en una empresa privada, mientras que otros 15 participan en un convenio con el municipio que ofrece apoyo económico para formación, aunque no un empleo pleno. Para Saldivia, la mayoría de las familias que dependen de la pensión RUPE no lo hacen por elección, sino por falta de alternativas. “Hay muchas familias que viven de esto, pero no porque ellos quieran vivir de eso”, expresó. A menudo, el cuidado de un familiar con discapacidad impide a los padres trabajar, dejando a la pensión como única fuente de ingreso.

Saldivia concluyó expresando la necesidad urgente de incrementar las oportunidades laborales y de desarrollo para personas con discapacidad en Tierra del Fuego. “Tenemos muchas aristas en esta situación de lo que es inserción laboral real. La brecha laboral es amplia y, lamentablemente, muchas familias no la pasan bien”.