El Gobierno de Tierra del Fuego ha acordado con el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) un nuevo préstamo por $597.761.877,19, destinado a cubrir el pago de tasas de justicia e intereses financieros y moratorios relacionados con la sentencia en la causa "Status SRL contra IPRA por Contencioso Administrativo".

Este fallo judicial responsabiliza al IPRA por las pérdidas económicas sufridas por un casino, debido a una desigual habilitación de máquinas tragamonedas. Para hacer frente a esta deuda, la provincia ya había autorizado previamente una asistencia financiera.

En 2023, mediante el convenio 23443, la provincia transfirió al IPRA $1.358.957.426,81, pagaderos en 10 cuotas, con la condición de que el Instituto devolviera los fondos en 128 cuotas. Sin embargo, el IPRA solicitó modificar el esquema de pagos, acordando una primera cuota de 600 millones y reduciendo el resto de las cuotas, lo que se formalizó en el convenio 23.809.

Más recientemente, el IPRA solicitó una ampliación de la asistencia financiera, debido a que el Superior Tribunal de Justicia determinó un nuevo monto de liquidación de $2.192.157.658,92. El IPRA se comprometió a abonar el 65% de esta suma, aunque se han acumulado intereses adicionales.

Como resultado, el nuevo préstamo solicitado por el IPRA asciende a $597.761.877,19. Este monto será pagado por la provincia en una sola cuota y el Instituto lo devolverá en 120 cuotas de casi 5 millones de pesos cada una. Cabe señalar que aún existen sumas pendientes de devolución del préstamo anterior.

Otro revés judicial para el IPRA

La situación financiera del IPRA se complicó aún más después de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara su solicitud de reducir los gastos de la Tasa de Justicia, que fueron calculados en $54.365.931,13. El IPRA había solicitado una prórroga de 120 días y autorización para pagar en 24 cuotas, pero la Corte desestimó el pedido. En su lugar, permitió que el pago se realice en 48 cuotas, aunque sin ninguna reducción en el monto original.

Este nuevo revés aumenta la presión sobre el IPRA, que ya enfrenta una deuda millonaria con el Gobierno provincial.