Tras el anuncio de la empresa de satélites y radares Leolabs sobre la suscripción de un contrato con el Comando Espacial y el Ministerio de Defensa del Reino Unido para desarrollar la primera constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en órbita terrestre baja, el Gobierno provincial ha decidido tomar medidas para la retirada urgente de la empresa del territorio provincial.

El gobernador Gustavo Melella declaró que este anuncio deja “explicitado el rol militar que puede cumplir la tecnología que Leolabs ha desarrollado” y que “deja sin ningún fundamento a las actuaciones que la empresa perseguía en su intención de que se reconsideren las medidas tomadas por nuestro gobierno”. En vista de la urgencia de la situación, el mandatario provincial afirmó “no permitiremos un nuevo intento de expansión británico sobre nuestro territorio e intimaremos al urgente retiro de la empresa de nuestra provincia”.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, recordó que cuando Leolabs se inscribió en la Provincia y definió su objeto social, “en ningún momento mencionó la prestación de servicios militares y muchísimo menos al Reino Unido de Gran Bretaña”. Por lo tanto, esta noticia elimina cualquier posibilidad de reconsideración o cambio de perspectiva respecto a la empresa.

Dachary señaló que “desde el Gobierno provincial se ha encomendado quitar cualquier tipo de permiso a la empresa Leolabs, porque ellos mismos han confesado, de cierta manera, cuestiones contrarias a lo que siempre habían sostenido”. Añadió que “estamos todos abocados para garantizar en un corto plazo el retiro de la empresa de la Provincia. El permiso ambiental ya había sido removido y ahora vamos a avanzar en la inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) y todo lo que esté a nuestro alcance”.

Finalmente, Dachary subrayó que “desde el Gobierno de la Provincia fuimos claros y contundentes, enviamos las notas correspondientes para buscar una solución a través de los canales institucionales y nadie se decidió a tomar cartas en el asunto. Pero una vez que se considera que existe una amenaza a la seguridad nacional, no hay vuelta atrás y se debe garantizar que el radar nunca más esté operativo”, concluyó.