El juez Pablo Bozzi, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Río Grande, abordó un tema de gran relevancia para muchas familias fueguinas: la revisión de los créditos hipotecarios otorgados bajo la modalidad UVA. Este fallo judicial no solo pone de relieve la problemática que enfrentan los deudores en un contexto de inflación desbordante, sino que también marca un precedente en cómo se pueden revisar estos contratos financieros.

El juicio fue iniciado por una familia que, en 2018, accedió a un crédito hipotecario de 3 millones de pesos con el Banco Tierra del Fuego, a través de la modalidad UVA, un sistema que ajusta las cuotas del préstamo en función del índice de precios al consumidor. Sin embargo, la disparada inflacionaria de los últimos años, con picos de más del 100% anual, ha generado un desajuste considerable entre lo proyectado originalmente y la realidad económica actual. Según la familia, en el 2023 la deuda se había incrementado de manera desproporcionada, alcanzando los 149 millones de pesos, una cifra insostenible para ellos.

El juez Bozzi explicó que la modalidad UVA fue introducida en 2016, en un escenario económico proyectado que finalmente no se cumplió. Las condiciones iniciales de la operación consideraban que la inflación sería controlada, lo que permitiría que las cuotas del crédito se mantuvieran estables en relación a los ingresos del grupo familiar. Sin embargo, la situación fue diametralmente opuesta. "En 2018, al inicio del crédito, el porcentaje de los ingresos familiares que se destinaba al pago de las cuotas era de alrededor del 14%. Para 2022, con la inflación en ascenso, esa cifra había superado el 50% y, finalmente, con la revisión pericial, se concluyó que la afectación actual de los ingresos es superior al 100%", detalló el juez.

Este contexto económico llevó a la familia a acudir al juzgado en busca de una solución. Solicitaron que se revisara el contrato firmado con el Banco Tierra del Fuego, argumentando que la previsión inicial, tanto del banco como de los deudores, había sido superada por los eventos económicos. El objetivo era readecuar las cuotas a una situación más equilibrada y sostenible, teniendo en cuenta no solo la inflación, sino también la situación económica y personal de la familia.

El fallo del juez Bozzi es claro en señalar que este tipo de casos deben analizarse de manera individual. Aunque el problema de la inflación afecta a todos, las condiciones particulares de cada deudor son diferentes. En este caso, se tuvo en cuenta no solo el impacto económico general, sino también factores específicos como el accidente grave que sufrió la familia, que los colocó en una situación de vulnerabilidad. "Este grupo familiar no solo enfrentaba el problema de la inflación, sino que además estaban atravesando una situación personal muy complicada que afectó sus ingresos. Eso fue crucial para el dictado de la sentencia", explicó Bozzi.

El juez aclaró que, aunque en Argentina existe la posibilidad de iniciar acciones colectivas, este no fue el caso. Cada situación debe ser tratada de manera particular y el fallo emitido no es automáticamente aplicable a otros deudores. Sin embargo, los puntos comunes, como el desfase entre las cuotas y los ingresos de los deudores, podrían ser replicados en otros juicios que involucren créditos similares.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la decisión de modificar la forma en que se calculan las cuotas del crédito. Originalmente, el contrato estaba vinculado al índice de precios (SER), pero a partir de agosto de 2022, el juzgado ordenó que las cuotas se recalculen utilizando el coeficiente de variación salarial (CBS). "Este cambio busca hacer más justo el esquema de pagos, ya que los ingresos de las familias no han crecido al mismo ritmo que los precios. El índice de precios se disparó, mientras que los salarios quedaron rezagados", explicó el juez.

Este reajuste no solo intenta aliviar la carga sobre la familia demandante, sino que también plantea un debate sobre la viabilidad de los créditos UVA en un contexto de inflación elevada. Según el juez, la pericia contable realizada en el caso demostró que el desfasaje entre lo proyectado y lo real es "insostenible" y que debe haber una intervención para evitar que más familias caigan en situaciones similares.

Durante el proceso, el Banco Tierra del Fuego argumentó que está sujeto a normativas del Banco Central y que no podía modificar unilateralmente las condiciones del crédito. No obstante, la sentencia consideró que la relación entre lo previsto al inicio del crédito y la situación actual había cambiado de manera tan drástica que era necesario realizar ajustes. "El banco planteaba que deben respetarse las normativas del Banco Central, pero en este caso específico, las pruebas demostraron que el contrato inicial quedó desfasado por la realidad económica", detalló Bozzi.

El juez subrayó que se tomaron en cuenta todos los elementos relevantes para emitir el fallo, incluyendo informes periciales, testimonios y la situación del bien hipotecado. Incluso se consideró la ley de defensa del consumidor, que establece protecciones en contratos bancarios. También se tuvo en cuenta el certificado de discapacidad de uno de los miembros de la familia, lo que añadió otro factor de vulnerabilidad a la ecuación.

La resolución del juez Pablo Bozzi sienta un precedente importante en la relación entre los bancos y los deudores en un contexto de alta inflación. Si bien cada caso deberá ser evaluado de manera individual, el fallo abre la puerta a que otras familias afectadas por créditos UVA puedan buscar una revisión judicial de sus contratos. "Cada caso es único y debe ser tratado de acuerdo a sus particularidades, pero lo que está claro es que no se puede ignorar la realidad inflacionaria que vivimos", concluyó el juez.

Este fallo podría marcar el inicio de una serie de revisiones judiciales de contratos financieros en todo el país, a medida que más familias enfrentan dificultades para cumplir con los compromisos asumidos en un contexto económico que se ha vuelto insostenible.